En Catalunya, unas 128.000 personas esperan una respuesta en alguna fase del reconocimiento de la dependencia. Alrededor de 18.000 podrían tener un grado III, según datos de la Generalitat, mientras la espera media para resolver los trámites supera los 397 días.
La demora tiene consecuencias graves: muchas personas dependientes mueren antes de recibir la ayuda. Plataforma Dorada, liderada por la actriz Assumpta Serna, pide un pacto estatal para cambiar un sistema que considera insuficiente.
Una reforma con plazos más cortos sobre el papel
La reforma de la ley de Dependencia entró en vigor con el objetivo de reducir trámites y tiempos administrativos. El plazo máximo para resolver una solicitud debería pasar de seis a tres meses. En Catalunya, las solicitudes se han duplicado en los últimos diez años.
La norma también establece que el grado I equivalga automáticamente a un 33% de discapacidad y que los grados II y III correspondan a un 65%. La teleasistencia se convierte en un derecho garantizado para todos los grados y podrá recibirse junto con otras prestaciones.
Para Serna, la ley tiene buenas intenciones, pero faltan recursos para asegurar una atención integral y los mismos derechos con independencia del lugar de residencia. La actriz cuida de su madre centenaria, que atraviesa un deterioro cognitivo equivalente a un grado III de dependencia.
Un vídeo de denuncia publicado por Serna en sus redes sociales se hizo viral: el reel superó el millón y medio de visualizaciones en cinco días. También acumuló miles de «me gusta»; hubo miles de compartidos y comentarios. La actriz describía la falta de horas de ayuda a domicilio para personas que necesitan atención las 24 horas, la escasa formación de las cuidadoras y la falta de comunicación del departamento de Drets Socials i Inclusió con las familias afectadas. Resumió el trato recibido con estas palabras: «no és ni humà ni just». El vídeo impulsó la creación de Plataforma Dorada, que busca adhesiones para exigir un pacto estatal.
La plataforma ha redactado diez principios básicos para ese pacto. Incluyen reconocer la dependencia como un derecho y garantizar la igualdad en todo el territorio, junto con financiación suficiente, estable y sostenible.
- Atención centrada en la persona
- Derecho a elegir dónde y cómo vivir
- Calidad y dignidad en los cuidados
- Coordinación sociosanitaria real
- Apoyo efectivo a las familias cuidadoras
- Transparencia, evaluación y rendición de cuentas
- Un compromiso que trascienda las legislaturas
El debate sobre cómo detectar necesidades a tiempo también aparece en este análisis sobre orientación frente al abandono escolar. En el ámbito de la dependencia, las familias describen un recorrido administrativo que puede alargarse durante años.
Ayudas que llegan tarde y servicios limitados
La madre de Montse Solà tenía 88 años cuando solicitaron que valoraran su dependencia. Caminaba con dificultad, sufría mucho dolor y había sido operada del corazón. La familia quería que recibiera algo de ayuda; la respuesta tardó dos años. En 2024 supieron que le habían reconocido una discapacidad del 75%, al recibir en casa la tarjeta correspondiente.
Para entonces, la mujer vivía en una residencia. Se había roto la cadera un año antes y ya no podía caminar; la familia pidió una revisión del grado. Murió en junio y llevaba menos de un año cobrando una prestación por dependencia. Solà lamenta la falta de información y accesibilidad para quienes se enfrentan por primera vez a estos trámites.
También cuestiona las condiciones en las residencias: señala que hay poco personal para atender a muchos residentes y recuerda las quejas de su madre por la comida. Más tarde supo que el menú diario completo —desayuno, comida, merienda y cena— costaba algo más de tres euros por persona y no llegaba a cuatro.
Solà se sumó como voluntaria a Plataforma Dorada después de sentirse identificada con sus demandas. Ahora dedica a esa tarea el tiempo que antes empleaba en cuidar a su madre y cuestiona que las instituciones toleren la situación.
Los casos que describe el colectivo muestran las limitaciones de las ayudas. Agustí, de 80 años, tiene un grado III de dependencia y un 75% de discapacidad; vive con su mujer, de 81, y recibe media hora diaria de atención a domicilio y una prestación de 362 euros. Joan, de 70 años, tiene grado II y un 81% de discapacidad. Vive con su hermana, de 80, y tiene concedidas nueve horas semanales de atención en casa.
Serna resume la prioridad de la plataforma así: «la gent no necessita més diners, necessita que l’atenció i les cures estiguin bé». Plataforma Dorada reclama un pacto estatal que dé más tiempo a la gestión de los cuidados y formación para quienes atienden a las personas dependientes.
