Sin energía suficiente, los servicios y la actividad económica de un pueblo quedan limitados. El riesgo se parece al de un móvil sin cobertura: las necesidades siguen ahí, pero no se pueden atender como hace falta.
La electricidad representa aproximadamente una cuarta parte de la energía final consumida. Esa proporción tendrá que crecer con la electrificación de la movilidad y la calefacción; la industria también deberá adaptarse.
Calcular la demanda antes de elegir los recursos
Cada pueblo y comarca necesita estimar cuánta energía requerirá según sus planes de crecimiento y los objetivos de cero emisiones para 2050. La transición obliga a reducir emisiones y abandonar progresivamente los combustibles fósiles, que todavía sostienen buena parte del modelo heredado del siglo XX.
Para cubrir la demanda habrá que generar energía renovable, transportarla y distribuirla. También será necesario almacenarla cuando convenga o importarla. Sin esas piezas, los servicios y las actividades económicas pueden quedar limitados.
No basta con dar por hecho que las cubiertas y los espacios ya transformados serán suficientes. Hay que comparar su potencial con las necesidades futuras, incluidas las de la movilidad, la calefacción y la industria.
De la autarquía a una transición compartida
La autarquía describe a una comunidad que intenta cubrir sus necesidades con recursos propios y reduce al mínimo su dependencia exterior. No equivale exactamente a la autosuficiencia, y el objetivo no es volver a aquella forma de vida. Un viejo campesino explicaba los equilibrios que debía hacer para alimentar a dos mulas con lo que daba el campo: en las décadas de 1950 y 1960, esa limitación seguía presente en muchos sectores y en la vida de buena parte de la sociedad.
La industrialización, el crecimiento de las ciudades y del parque automovilístico, las migraciones internas y las infraestructuras ayudaron a dejar atrás ese escenario. Se extendieron las redes eléctricas y de gas, las carreteras y el ferrocarril, junto con los polígonos industriales y logísticos. También crecieron los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua y la telefonía; después se sumaron internet y la inteligencia artificial. Esa transformación amplió servicios y oportunidades, apoyada en gran medida en energía fósil.
En el mundo rural hay asociaciones que defienden la tierra y la biodiversidad. Reclaman también futuro para la agricultura, vivienda accesible y empleo. La conversación sobre cómo sostener los servicios públicos alcanza otros ámbitos, como la atención a la dependencia.
Participación local y beneficios concretos
La transición puede cambiar un sistema en el que las grandes decisiones y la gestión energética se han concentrado en la Administración y las compañías. Para ello, cada territorio debe conocer sus recursos y necesidades, participar en la planificación y acordar cómo se reparten los beneficios de las inversiones.
Las inquietudes por el paisaje, la biodiversidad y la vida cotidiana requieren atención. La ubicación y el diseño de las instalaciones deben decidirse mejor, y cada proyecto ha de evaluarse según su impacto. La discusión necesita alternativas viables, además de objeciones.
Plantas renovables, líneas de evacuación y distribución, almacenamiento y líneas de muy alta tensión son algunas de las infraestructuras que pueden formar parte del sistema. También se deben valorar los centros de datos, las plantas de biogás y las instalaciones de residuos. Si los pueblos quieren mantener servicios, vivienda y empleo, necesitan concretar de dónde vendrá la energía y cómo llegará a donde se consume.
El PLATER ofrece una base para identificar recursos. Sus datos requieren evaluación continua y mejoras con criterios transparentes y participación local. También hay que definir las actuaciones, las inversiones necesarias para la generación y las redes, y el reparto de beneficios.
Planificar antes de que decida la urgencia
Las infraestructuras tardan años en planificarse, reunir acuerdos e inversiones, construirse y entrar en servicio. Por eso, el horizonte de cero emisiones para 2050 exige decisiones con antelación, junto con una estimación de la demanda de cada pueblo y comarca.
Sin planificación, continuará la dependencia del gas y el petróleo y será más difícil reducir emisiones. Los territorios también pueden quedar expuestos a límites de la red y a la falta de energía asequible. El riesgo no es regresar literalmente a la autarquía rural, sino quedar más aislados, con menos capacidad para atraer actividad y sostener servicios mientras se depende de combustibles fósiles producidos lejos.
Los planes aprobados por el Govern y el Parlament no sustituyen el trabajo con cada pueblo y cada comarca. La transición requiere compromiso institucional y ciudadano, además de garantías para que los territorios que reciben infraestructuras participen y obtengan beneficios.
