Aquel día, un agujero de unos ocho metros de diámetro y cuatro de profundidad apareció en un interior de manzana próximo a las obras del metro y obligó a desalojar ocho fincas, con 93 viviendas, en las calles Rubinstein, Teodora Lamadrid y Sant Gervasi de Cassoles. No hubo heridos, pero parte de la pizzería Verona, en Teodora Lamadrid, quedó gravemente afectada.
La emergencia inicial terminó, pero no para todos. Los residentes de Teodora Lamadrid, 3, y Rubinstein, 2 y 4, junto con los negocios situados en esos inmuebles, tienen ahora un horizonte mucho más largo: la previsión comunicada a los afectados sitúa el regreso a comienzos de 2027. Son 18 viviendas y siete locales. En otros edificios la vuelta podría producirse antes, aunque todavía quedan reparaciones y comprobaciones de seguridad pendientes.
La reclamación está dirigida por la abogada Carmen Pérez Pozo-Toledano y se plantea bajo el principio de culpa in vigilando: al ser la Generalitat la promotora de las obras, los afectados consideran que le corresponde responder por la supervisión de su ejecución. Reclamarán desperfectos en viviendas y locales, pérdidas económicas de comercios y posibles perjuicios sobre el valor de los inmuebles, además del daño moral causado por meses de desalojo e incertidumbre.
Por ahora, sin embargo, no estamos ante una demanda judicial ya presentada. La vía que se prepara es una reclamación administrativa contra la Generalitat y la propia representación de los afectados espera poder alcanzar un acuerdo sobre las indemnizaciones sin tener que acabar posteriormente en los tribunales. Cada vivienda y cada negocio tendrá además que evaluarse por separado, porque los daños son muy diferentes.
Mientras tanto, siguen los trabajos para estabilizar el terreno. Los operarios continúan inyectando material en el subsuelo y la tuneladora permanece detenida en este ámbito. Los vecinos también han reclamado que un técnico independiente certifique la seguridad de los edificios antes de autorizar definitivamente el regreso; la Generalitat ha aceptado la intervención de un perito externo.
La situación cotidiana explica buena parte de la reclamación por daños morales. Hay familias que llevan semanas viviendo en habitaciones de hotel o alojadas con familiares, comerciantes que todavía no pueden levantar la persiana y residentes de edificios ya considerados habitables que han preferido no regresar por el ruido de los trabajos, el polvo o el temor a nuevos movimientos.
La comparación con el socavón del Carmel de 2005 aparece inevitablemente porque Pérez Pozo-Toledano participó también en aquel caso, donde algunas familias consiguieron compensaciones de hasta 15.000 euros por daños morales. Pero ambos episodios tienen una escala muy distinta y hay una corrección importante: el socavón del Carmel no se produjo durante las obras de la L9, sino durante la prolongación de la L5.
En Sant Gervasi todavía ni siquiera es posible calcular la factura final. Las reparaciones no han terminado y siguen apareciendo consecuencias distintas en cada finca. Para los residentes que no podrán volver hasta 2027, el calendario de la L9 ha dejado de ser una cuestión sobre cuándo llegará una nueva estación: desde julio, la pregunta mucho más inmediata es cuándo podrán recuperar su casa.
