Los seis casos señalados se concentran en el área de Barcelona. El informe incluye las restricciones de las rondas de Barcelona y las zonas de bajas emisiones de Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès y Viladecans.
La situación es muy distinta en otras grandes ciudades catalanas. Badalona, Granollers, Lleida, Mollet del Vallès y Terrassa no impusieron ninguna sanción durante el periodo analizado, pese al proceso de extensión de las zonas de bajas emisiones a los municipios de mayor población.
El caso de Badalona es especialmente significativo dentro del área metropolitana. El Ayuntamiento mantiene una moratoria que retrasa la aplicación de las sanciones hasta el 1 de enero de 2027, por lo que durante 2025 las restricciones no se tradujeron en multas a los vehículos afectados.
La fiscalización no se limita a comprobar si los ayuntamientos sancionan. También analiza si cuentan con herramientas suficientes para identificar a los vehículos que incumplen las restricciones y para gestionar correctamente la información. En este apartado, Barcelona y Viladecans destacan por sus sistemas de control de matrículas y por la integración con la plataforma de la Dirección General de Tráfico.
La Sindicatura detecta, en cambio, deficiencias en los sistemas utilizados en El Prat de Llobregat, Rubí y Sant Boi de Llobregat. Según el informe, esos problemas podrían reducir la eficacia práctica de unas restricciones que dependen en buena medida de cámaras, bases de datos y mecanismos automáticos de identificación.
También hay diferencias al medir si las ZBE están cumpliendo su objetivo ambiental. Barcelona y Sant Cugat muestran resultados positivos en la reducción de determinados contaminantes y gases de efecto invernadero, mientras que en otros municipios no existe información suficiente para comprobar con la misma claridad su impacto. Badalona figura entre los casos en los que la falta de datos impide hacer esa evaluación.
Otro de los puntos débiles está en la información que reciben los ciudadanos. Solo Barcelona, El Prat, Sant Boi y Viladecans disponían de un plan de comunicación, participación y sensibilización aprobado y completamente ejecutado, según las conclusiones recogidas por la Sindicatura.
Las diferencias se producen en un momento en que Catalunya está ampliando la obligación de contar con zonas de bajas emisiones. La normativa autonómica incluye entre los municipios de más de 50.000 habitantes obligados a implantarlas a Barcelona, Badalona, L'Hospitalet, Cerdanyola, Granollers, Lleida, Mataró, Sabadell, Tarragona, Terrassa o Viladecans, entre otros.
Para los conductores, el resultado del informe deja una consecuencia práctica: encontrarse con una señal de ZBE no implica que el sistema de restricciones y sanciones funcione exactamente igual en todas las ciudades catalanas. Las ordenanzas, moratorias, excepciones y mecanismos de control dependen de cada municipio, por lo que las condiciones deben comprobarse antes de circular por una zona restringida.
