El sistema aspira a estar operativo en 2028 y tendría una concesión de 15 años
Un aviso al 112 podría llegar desde el móvil con la ubicación exacta de quien lo envía y sin necesidad de hacer una llamada. Esa es una de las funciones previstas para el Servicio Público de Innovación (SPI), la plataforma de seguridad que el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) quiere compartir con sus 36 municipios y TMB.
El sistema se proyecta como un canal entre la ciudadanía y las administraciones. Según el estudio de viabilidad consultado por Metrópoli, el AMB estima invertir 44,4 millones de euros entre 2027 y 2042 en su desarrollo y mantenimiento. La previsión es que empiece a funcionar a partir de 2028.
Alertas al 112 y avisos según el municipio
La aplicación sería gratuita para los usuarios, estaría disponible para Android e iOS y ofrecería varios idiomas. También incluiría funciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva. Entre sus herramientas figuran un botón de aviso al 112 y el envío de alertas de auxilio geolocalizadas a los cuerpos de seguridad.
Quien vuelva a casa de noche podría activar una cuenta atrás. Si no la desactiva a tiempo, la app avisaría automáticamente a los contactos que haya elegido. El sistema también permitiría enviar alertas de protección civil y comunicaciones oficiales de las policías locales o del AMB, segmentadas por municipio, ubicación o perfil de usuario: residentes, comercios y empresas.
La ciudadanía podría registrar quejas por desperfectos en playas y parques. El entorno natural de Collserola también estaría incluido. Se podrían adjuntar fotos o documentos y seguir el aviso hasta que se resuelva.
La plataforma reuniría por primera vez a los 36 municipios, el AMB y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un sistema interoperable. TMB gestiona el metro y el bus de Barcelona, además del servicio en otras 10 localidades del entorno.
La implantación se alargaría hasta 2030
El calendario prevé incorporar a los primeros 11 ayuntamientos y a TMB en 2028. Otros 15 municipios se sumarían en 2029 y los 10 restantes en 2030, cuando el sistema quedaría plenamente operativo si se cumplen los plazos. El orden dependería del volumen de población y de la complejidad técnica de cada integración.
El AMB divide a los consistorios en cuatro niveles: 13 tienen menos de 15.000 habitantes; 12 se sitúan entre 15.000 y 50.000; y ocho, entre 50.000 y 150.000. El grupo de complejidad alta incluye Barcelona y L'Hospitalet; Badalona completa ese tramo. Los tres superan los 150.000 habitantes. El organismo prevé más dificultades y más tiempo de integración en los municipios de menor y mayor población.
La propuesta llega en un contexto de preocupación ciudadana por la seguridad, que las encuestas sitúan entre las prioridades sociales junto con la vivienda. Los estudios del AMB indican que el 23,2 % de la población ha sido víctima de algún delito. Un 28,8 % declara haber sufrido discriminación y un 23,9 % considera mala la seguridad de su entorno. En los sondeos metropolitanos, el 85,2 % respalda una aplicación móvil de alarma inmediata.
En la Encuesta de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Barcelona publicada en octubre, el 23,8 % de los vecinos señalaba la inseguridad como el problema más grave de la ciudad. El acceso a la vivienda quedaba cerca con un 23 %. La limpieza obtenía un 6,4 % y el turismo un 6,2 %.
TMB suma estaciones y trayectos al proyecto
La inclusión de TMB lleva la plataforma a una red de transporte que registró más de 11,9 millones de desplazamientos diarios en 2022; el 20,5 % se realizó en transporte público. El AMB señala que el 17,7 % de los hechos delictivos se concentra en este ámbito y plantea reforzar la protección en paradas y andenes, además de los trayectos nocturnos.
La digitalización del transporte metropolitano también tiene otros proyectos en marcha: la ATM adjudicó a EYSA el software de las ZBE para hasta 20 municipios fuera del área metropolitana, en un despliegue que DondeGo ya explicó.
Una empresa mixta y una concesión de 15 años
El plan contempla crear una empresa mixta con un socio privado, que asumiría la explotación mediante una concesión de 15 años. El AMB conservaría el 51 % de la sociedad y la empresa adjudicataria tendría el 49 %. La licitación se abriría en 2027 mediante diálogo competitivo; el inicio de la concesión está previsto para septiembre de ese año, una vez adjudicado el contrato y constituida la mercantil.
La inversión inicial rondaría los 11,4 millones de euros. El AMB aportaría 5,8 millones en efectivo y el socio privado otros 5,6 millones, correspondientes al valor del prototipo de la aplicación. La sede se ubicaría en los edificios actuales del AMB en la Zona Franca de Barcelona, y el organismo asumiría los gastos de funcionamiento de la sociedad.
El uso sí tendría coste para los ayuntamientos y TMB. El operador de transporte abonaría 900.000 euros hasta 2041, a razón de 60.000 euros anuales. Cada consistorio pagaría progresivamente entre 200.000 y más de 235.000 euros al año; en conjunto, los 36 ayuntamientos sumarían más de 3,2 millones. Con la aportación de TMB, los ingresos previstos por el servicio superarían los 4,1 millones hasta 2041.
El plan fija como meta alcanzar 400.000 usuarios registrados entre 2028 y 2030, con ayuntamientos adheridos que representen el 40 % de la población metropolitana. La previsión sube a un millón de usuarios en 2033 y a tres millones en 2035, cuando la app bidireccional debería funcionar con normalidad. Una cuarta etapa, paralela a la anterior y prevista entre 2031 y 2041, plantea llegar hasta cinco millones en el mejor de los casos e incorporar nuevas funciones. El estudio establece cinco etapas y sitúa en 2041 el final de la concesión; el presupuesto de desarrollo y mantenimiento, en cambio, se calcula hasta 2042. Fuentes del AMB consultadas por Metrópoli han rechazado hacer declaraciones.