De los 523 procedimientos judiciales que el Ayuntamiento de Barcelona acumuló entre enero y mayo de 2026, el 13,96% estaba relacionado con sanciones de tráfico. La carga de trabajo llega mientras los contenciosos administrativos abiertos a la vez han aumentado casi un 29% desde el inicio de la pandemia hasta 2025.
Un contrato de 110.000 euros para dos años
El consistorio ha licitado un servicio de defensa jurídica por 110.000 euros para 2027 y 2028. El acuerdo prevé prórrogas anuales hasta 2030; si se aplican, el coste total alcanzaría los 242.000 euros.
Abogado especializado y apoyo administrativo
La empresa adjudicataria deberá aportar un abogado con al menos tres años de experiencia especializada en procesos judiciales contra multas de tráfico y por el impago de estas sanciones. También tendrá que garantizar apoyo administrativo permanente en el despacho.
Ese puesto cubrirá la facturación y la gestión documental, además de la atención telefónica y telemática. El servicio incluye la elaboración de informes y dictámenes, junto con otras tareas de asistencia y defensa municipal en procedimientos judiciales derivados de sanciones circulatorias.
El contrato vigente termina el 22 de diciembre
El acuerdo actual acaba el próximo 22 de diciembre. El Ayuntamiento considera que durante los últimos cuatro años ha sido «muy útil» para compensar la pérdida de medios personales y mantener la eficiencia en esta labor.
La previsión municipal de que hasta cuatro letrados se jubilen durante los próximos cuatro años añade presión a ese equipo. El nuevo contrato permitiría disponer de personal de forma inmediata para atender el servicio.
