La regulación científica madrileña vigente entonces databa de 1998 y el proyecto buscaba adaptarla a los cambios de las décadas posteriores.
El proyecto de ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación proponía crear un Comité de Seguridad en la Investigación y la Innovación Tecnológica. Su cometido sería evaluar proyectos internacionales que emplearan tecnologías sensibles y evitar que conocimientos desarrollados en instituciones madrileñas se transfirieran sin intención.
El órgano también ayudaría a los centros de la región a tomar medidas preventivas ante indicios de injerencia extranjera o conflictos de intereses. La Comunidad de Madrid lo presentaba como pionero en España y sin precedentes en la legislación estatal ni autonómica de ciencia.
En otro ámbito de la seguridad tecnológica, la UE presentó en Leganés un proyecto que conectaba simuladores frente a ciberataques para preparar a sus ejércitos.
La propuesta incorporaba directrices de la Unión Europea y reorganizaba el Sistema Madrileño de Investigación e Innovación Tecnológica. También reconocía legalmente a las fundaciones Imdea y a la Fundación para el Conocimiento Madri+d. El texto planteaba simplificar los trámites y ampliar la proyección internacional de los centros y especialistas madrileños. Las universidades quedaban incluidas en esa línea, junto con medidas de divulgación para acercar su trabajo a la sociedad.
El proyecto buscaba mejorar la organización de la investigación y las condiciones de sus profesionales. Además, pretendía facilitar que los resultados se aplicaran en las empresas y respondieran a necesidades ciudadanas, con la creación de nuevas oportunidades económicas como objetivo.