Junto a la salida del metro de Sol, cuatro o cinco jóvenes frotan las paredes de un quiosco. Dicen que esa limpieza forma parte de sus tareas habituales y que no está relacionada con la retirada del campamento.
La organización ya ha empezado a planificar una desescalada que durará al menos varios días. El objetivo es recoger las tiendas y retirar las estructuras y los materiales instalados en la plaza. Después quieren dejar el espacio limpio y en el mismo estado que antes de la acampada.
El reparto de las donaciones que ya no necesitan también forma parte del plan. La comida y otros materiales se destinarán a organizaciones y movimientos sociales que puedan aprovecharlos. Por ahora, los acampados buscan quién los reciba y calculan cómo organizar la salida.
La decisión todavía no se había anunciado oficialmente en el momento descrito. Las asambleas y los debates internos debían concretar el proceso; algunos colectivos defendían seguir en la plaza. También queda por resolver cómo ayudar a las personas sin hogar que han usado el campamento para dormir y comer.
La protesta comenzó tras el desalojo de Maricarmen, que murió dos semanas después de ser expulsada de su casa. En esas semanas, los jóvenes lograron que el Gobierno y sus socios aprobaran dos decretos en el Consejo de Ministros; el Congreso los tumbó días después. Pedro Sánchez consideró agotada la legislatura siete meses antes de lo previsto y convocó elecciones generales. La crisis de la vivienda entró así en el centro del ambiente electoral.
La disposición del campamento ya había cambiado con el paso de los días: las calles interiores se ensancharon y mejoró el tránsito. Las tiendas que ocupaban las calles del Arenal y de Preciados desaparecieron. En una noticia distinta sobre el entorno, Sol recuperó el servicio tras las pruebas de seguridad. La salida prevista afecta ahora a las instalaciones levantadas en la plaza y a las donaciones que se reunieron allí.
