La decisión se basa en la normativa vigente. La ley permite limitar las devoluciones a quienes recurrieron en plazo, y el Ayuntamiento ha optado por aplicar este criterio. Esto deja fuera a la mayoría de vecinos que pagaron la tasa sin presentar recurso.
El origen del conflicto está en la Ordenanza Fiscal 8/2024, que introdujo el nuevo tributo. La medida generó críticas por su impacto económico y por las diferencias entre barrios. Finalmente, el TSJM anuló la tasa al considerar que faltaba parte del informe técnico que justificaba su cálculo.
Aunque la sentencia aún no es firme y el Consistorio estudia recurrir, ya se ha fijado el marco para las devoluciones. Según estimaciones del sector fiscal, solo unas 130.000 personas podrán recuperar el dinero, frente a cientos de miles de contribuyentes afectados.
Para quienes sí reclamaron, el proceso seguirá el cauce habitual de devolución de ingresos indebidos a través de la administración tributaria municipal. En cambio, quienes no lo hicieron tendrán pocas opciones de recuperar el importe salvo que cambie el criterio judicial.
La mayoría de vecinos no recuperará el dinero pagado, lo que mantiene el impacto económico en muchos hogares. Solo quienes reclamaron a tiempo verán una devolución, lo que marca diferencias claras entre contribuyentes. Además, la decisión puede generar más desconfianza y nuevas reclamaciones en la gestión de impuestos locales. El caso abre un precedente sobre cómo se aplican las devoluciones tras la anulación de tasas.
