El pacto contempla una inversión global elevada hasta 2031, pero parte de esa financiación depende de aportaciones externas y de ingresos propios del sistema, como las propias tasas. Esto mantiene la estructura actual, donde el esfuerzo económico sigue recayendo en gran medida en las familias.
Aunque se ha anunciado un aumento presupuestario, el crecimiento real es más limitado si se analiza el periodo completo del acuerdo. Además, no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años, especialmente tras la inflación.
Otro de los puntos clave es la falta de garantía anual. La aplicación del acuerdo depende de los presupuestos de cada ejercicio, lo que introduce incertidumbre sobre su cumplimiento real en el tiempo.
El debate, lejos de centrarse en el acceso a la universidad, se desplaza hacia cifras y modelos de financiación que no resuelven el problema de fondo.
Para muchas familias, el coste de estudiar seguirá siendo un factor determinante a la hora de elegir carrera o universidad. Esto puede limitar opciones y aumentar la presión económica en los hogares. También influye en el acceso a la educación superior, especialmente para quienes dependen de becas o recursos limitados.
