Una comunidad española paga una ayuda mensual justo a quienes el Estado negó el IMV, y puede superar el propio IMV

La Junta mantiene la Renta Mínima de Inserción Social, la RMISA, una prestación autonómica que exige como requisito previo una resolución que deniegue el IMV, dictada en el mismo año de la solicitud. Está pensada exactamente para quienes se han quedado fuera de la ayuda estatal.

Cuánto paga

El importe depende del número de personas que viven en el hogar. Las cuantías de referencia de 2026, al mes, son:

• 1 persona: 733,60 euros.
• 2 miembros: 953,68 euros.
• 3 miembros: 1.173,76 euros.
• 4 miembros: 1.393,84 euros.
• 5 o más: 1.613,92 euros.

La escala coincide con la del IMV de este año, que también arranca en 733,60 euros para una persona sola. La diferencia está en los complementos: la renta andaluza suma unos 161,39 euros al mes si algún miembro del hogar tiene una discapacidad igual o superior al 33 %, y unos 110,04 en casos de custodia compartida.

Con esos extras, un hogar de cinco personas con un miembro con discapacidad llega a unos 1.775 euros mensuales, por encima del tope general del IMV, que se queda en 1.613,92.

Las cifras son el techo que se garantiza al hogar. La Junta paga la diferencia entre esa cantidad y los ingresos que ya entran en casa.

Por qué el Estado dice no y la Junta puede decir sí

Las dos ayudas miran cosas distintas. El IMV, gestionado por la Seguridad Social, tiene baremos más estrictos de patrimonio y de unidad de convivencia, y por regla general se calcula con los ingresos del ejercicio anterior. La RMISA compara la cuantía con los ingresos mensuales actuales del hogar.

Ese desfase deja fuera del IMV a mucha gente con una situación real de necesidad: quien perdió el empleo este año pero ganó un sueldo normal el pasado, por ejemplo, o quien no encaja en la definición de unidad de convivencia de la ley estatal.

Los requisitos

La Junta revisa cada solicitud por separado y valora los ingresos, el patrimonio y la composición de la familia. Las condiciones básicas son estas:

• Edad: entre 25 y 64 años, con excepciones para algunos jóvenes y para mayores de 65 con menores a su cargo.
• Empadronamiento: al menos un año en Andalucía, salvo excepciones como víctimas de violencia de género o personas sin hogar.
• Ingresos: por debajo de la cuantía que correspondería al hogar.
• Ahorros: no superar el equivalente a una pensión no contributiva anual, 8.803,20 euros en 2026.
• Empleo: inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo como demandante, extensible a los mayores de 16 años del hogar, con excepciones.
• La resolución del IMV: denegatoria y del mismo año, salvo en situaciones de urgencia o emergencia social.

La ayuda va acompañada además de un plan de inclusión sociolaboral que se diseña con los servicios sociales del municipio. Cumplirlo forma parte del compromiso que adquiere quien la cobra.

Cómo se pide

El primer paso es acudir a los servicios sociales comunitarios del ayuntamiento, que orientan sobre la documentación y el plan de inclusión. La solicitud se presenta después por la sede electrónica de la Junta o en la delegación territorial de la Consejería de Inclusión Social de cada provincia.

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El plazo está abierto todo el año. La resolución llega en dos meses, contados desde el primer día del mes siguiente a la entrada de la solicitud, y la ayuda se concede por 12 meses, prorrogables si se siguen cumpliendo los requisitos.

El documento que más se pierde en el proceso es precisamente el que lo inicia: la resolución denegatoria del IMV. Conviene guardarla en papel y en el móvil desde el día que llega, porque sin ella, salvo urgencia social, el expediente andaluz no arranca.

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