Durante meses, problemas como fugas, cortes eléctricos o calderas averiadas quedaron sin atender. Muchas de estas incidencias eran urgentes, lo que obligó a los inquilinos a convivir con situaciones que afectan al día a día dentro de sus propias casas.
La administración ha impuesto una multa de 355.000 euros a la adjudicataria y ha activado un nuevo contrato de emergencia. La empresa que asume ahora el servicio deberá afrontar más de mil órdenes pendientes y solucionar retrasos acumulados en distintas promociones.
El impacto económico también es relevante. Solo la falta de instalación de calderas urgentes ha generado un coste importante, al que se suman otras reparaciones básicas que no se ejecutaron a tiempo.
La Agencia de la Vivienda Social gestiona unas 25.000 viviendas en la región, muchas destinadas a personas en situación vulnerable. Este episodio evidencia las dificultades para mantener un servicio ágil en un parque de vivienda tan amplio.
Para los residentes, el cambio no es solo administrativo. Se traduce en la posibilidad de recuperar condiciones básicas en sus hogares, desde tener agua caliente hasta evitar riesgos eléctricos o de gas, algo esencial para la seguridad y la vida diaria.
