Un estudio elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y presentado en 2024 cifró en 10.511 las fundaciones activas en España. Estimó su aportación económica en unos 27.000 millones de euros, cerca del 2,4% del producto interior bruto (PIB).
El Consejo Superior de Fundaciones quedó constituido el martes 10 de noviembre en la sede de Fundación ONCE, en Madrid. La sesión estuvo presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; intervino la presidenta de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), Pilar García Ceballos-Zúñiga. La asociación agradeció la colaboración de Fundación ONCE y de su vicepresidente ejecutivo, Alberto Durán.
El órgano tiene carácter consultivo y diez representantes por cada uno de sus tres bloques. La Administración General del Estado cuenta con diez puestos y las comunidades autónomas con otros diez. El sector fundacional ocupa los diez restantes.
La AEF reclama procedimientos administrativos más ágiles y criterios homogéneos entre registros y protectorados. La necesidad de aplicar requisitos administrativos también aparece en la protección de Campo Real, que permite comercializar en España las aceitunas que cumplen el pliego establecido.
La asociación señala que la dispersión normativa, los retrasos y las diferencias de criterio complican el trabajo cotidiano de las fundaciones. Dentro del Consejo está prevista una Comisión de Cooperación e Información Registral para tratar las inscripciones y los procedimientos registrales. García Ceballos-Zúñiga también ha pedido una interlocución estable con los ministerios y las comunidades autónomas, más agilidad en el Protectorado de fundaciones de competencia estatal y un diálogo más estrecho con el Ministerio de Hacienda sobre el régimen fiscal de las fundaciones y del mecenazgo.
La puesta en marcha culmina una previsión de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. El sector llevaba más de veinte años reclamando un espacio estable para trasladar sus necesidades y participar en las decisiones que afectan a su actividad. El desarrollo normativo llegó con el Real Decreto 125/2026, de 18 de febrero, que modificó el Reglamento de Fundaciones de competencia estatal. La AEF presentó alegaciones y aportaciones durante las consultas públicas y los trámites de audiencia e información pública.
La representación autonómica incluye a País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunitat Valenciana y Aragón. La presidencia corresponde a Ángel Víctor Torres y la secretaria del Pleno es Icíar Pérez-Baroja Verde, subdirectora general de Cooperación Autonómica del mismo ministerio. El comunicado del sector incluye a Pilar García Ceballos-Zúñiga, Alberto Durán, Vicente José Montes, Luis González, Antonio Pulido, Eugènia Bieto, Alejandro Sarmiento, Alejandro Echevarría e Ignacio Tremiño.
El análisis de AFI calcula que la actividad de las fundaciones sostiene cerca de 589.000 empleos directos, indirectos e inducidos y beneficia a unos 40 millones de personas.
Las fundaciones desarrollan proyectos en educación, investigación, cultura y salud. También trabajan en atención social y protección del patrimonio. La inclusión laboral figura entre sus ámbitos de actividad. La AEF defiende su aportación al interés general y su papel en la cooperación institucional.
