La plataforma Zeroport ha reactivado la oposición y ha convocado una gran movilización para el 20 de septiembre en Barcelona. La fecha no es casual: coincide con una fase clave del proceso del DORA 2027-2031 y llega en un momento político sensible, con la ampliación convertida de nuevo en bandera de modelo económico, movilidad y clima.
El plan global de Aena contempla una inversión mínima de 3.200 millones de euros. En el periodo 2027-2031 se prevén más de 1.000 millones para actuaciones como la ampliación de la T1, la renovación de la T2 y medidas ambientales compensatorias. Las fases más controvertidas, como la nueva terminal satélite y el rediseño de la pista de mar, quedarían vinculadas a etapas posteriores y a la aprobación del nuevo plan director.
El punto más delicado sigue siendo la pista junto al mar y su posible afectación al entorno de la Ricarda, una laguna integrada en el Delta del Llobregat y protegida por la Red Natura 2000. Aena y el Govern defienden que el nuevo diseño reduce el impacto respecto a propuestas anteriores y permitiría reforzar Barcelona como aeropuerto intercontinental. Los colectivos contrarios responden que cualquier ampliación sobre un espacio protegido agrava una presión ambiental que el delta ya soporta desde hace décadas.
La discusión llega con el aeropuerto en cifras récord. El Prat cerró 2025 con unos 57,5 millones de pasajeros, por encima de su capacidad teórica de 55 millones. Para los partidarios de la ampliación, ese dato demuestra que la infraestructura necesita más margen si Barcelona quiere competir con otros grandes nodos europeos. Para sus detractores, confirma justo lo contrario: que la ciudad ya soporta un volumen turístico y aéreo difícil de compatibilizar con vivienda, contaminación y calidad de vida.
Zeroport y las entidades que se suman a la protesta quieren aprovechar el verano para organizar charlas, preparar argumentos y volver a situar el tema en la calle. Denuncian que todavía quedan pendientes compensaciones ambientales de ampliaciones anteriores y que hablar solo de competitividad aeroportuaria deja fuera preguntas incómodas sobre emisiones, gentrificación, ruido y dependencia del turismo.
El conflicto de El Prat no es nuevo. En 2021, el proyecto quedó aparcado por el choque entre Gobierno central, Generalitat y oposición ambiental. En 2025, el acuerdo entre Aena y el Govern reabrió el camino, pero también reactivó una red de rechazo que llevaba años defendiendo el delta como límite físico y simbólico al crecimiento de la ciudad.
Para Barcelona, esta no es solo una obra de aeropuerto. Es una decisión sobre qué tipo de ciudad quiere ser en los próximos años: más conectada, sí, pero también más expuesta a la presión turística, al ruido y a la pérdida de espacios naturales difíciles de recuperar. La Ricarda concentra esa tensión como pocos lugares: parece un punto pequeño en el mapa, pero resume una pregunta enorme sobre el futuro metropolitano. Crecer puede ser necesario; decidir cómo, dónde y a qué precio es lo que la ciudad aún no ha discutido lo suficiente.
