Cada mañana debía combinar la línea R1 con la R7 para llegar a la Universitat Autònoma de Barcelona. Sobre el papel, el trayecto rondaba las dos horas, pero las incidencias constantes alteraban cualquier planificación. Algunos días, llegar a la universidad le suponía hasta cinco horas entre retrasos, trenes cancelados y transbordos improvisados.
Con el tiempo, el desgaste dejó de ser solo académico. David, diagnosticado con trastorno obsesivo-compulsivo, explica que la incertidumbre permanente le provocó crisis de ansiedad, insomnio y problemas físicos relacionados con el estrés. La sensación de no saber si llegaría a tiempo a los exámenes o incluso a casa terminó afectando también a su alimentación y concentración.
La situación acabó empujándolo a mudarse a Cerdanyola del Vallès para vivir más cerca de la universidad. En su reclamación, considera que ese cambio no fue una decisión libre, sino una consecuencia directa del mal funcionamiento del servicio. Por eso pide una compensación que incluye daños psicológicos, perjuicios educativos y el impacto personal y económico del traslado.
Antes de iniciar el proceso, presentó numerosas reclamaciones a Renfe y a distintos organismos públicos, pero asegura que nunca obtuvo respuestas concretas. Ahora está dispuesto a llegar a los tribunales si la administración no responde en el plazo previsto. El caso podría convertirse en uno de los primeros en España en intentar vincular directamente las deficiencias del transporte público con daños personales y de salud mental.
Mientras tanto, plataformas como Dignitat a les Vies o Promoció del Transport Públic siguen denunciando que las incidencias en Rodalies ya afectan a decisiones importantes de vida: dónde estudiar, dónde trabajar o incluso dónde vivir. En Cataluña, para miles de personas, el tren no es una alternativa puntual, sino la única forma posible de mantener su rutina diaria.
