Los supermercados deberán donar los productos que no consigan vender antes de su fecha de caducidad, además de aplicar rebajas a aquellos que estén próximos a vencer. El objetivo es claro: evitar que alimentos en buen estado acaben en la basura.
En el caso de bares y restaurantes, será obligatorio separar y depositar los restos en contenedores específicos para su reciclaje, reforzando el control sobre los residuos alimentarios.
La normativa incluye sanciones económicas para quienes incumplan, con multas que van desde los 2.000 hasta los 500.000 euros en los casos más graves.
Estas medidas implican cambios en la gestión diaria tanto de grandes cadenas como de pequeños negocios, que deberán adaptar sus procesos a las nuevas exigencias.
El desperdicio alimentario es un reto que afecta a todo el país, no solo a las grandes ciudades. Con esta normativa, España busca avanzar hacia un modelo más sostenible y solidario, donde reducir el despilfarro se convierte en una responsabilidad compartida entre administraciones, empresas y ciudadanos.
