El contrato hasta 2028 prevé sanciones de cinco millones de euros al año y prepara el relevo operativo
Entre 2026 y 2028, el Estado aportará 1.407,6 millones de euros para los trenes de Rodalies y Regionales en Cataluña. El nuevo contrato fija cómo se prestará el servicio y da a la Generalitat herramientas para controlar a Renfe, incluida la posibilidad de imponerle sanciones.
El Govern prevé asumir ese seguimiento antes de las elecciones del 29 de noviembre. El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2028 y permitirá aplicar penalizaciones de hasta cinco millones de euros anuales por fallos atribuibles a la operadora.
Retrasos bajo vigilancia y personal suficiente
La impuntualidad podrá penalizarse cuando la responsabilidad sea de Renfe y no de Adif. La Generalitat también supervisará los recursos humanos y materiales destinados al servicio, aunque el contrato solo obliga a Renfe a disponer de personal suficiente para cumplir lo comprometido.
Las previsiones apuntan a 926 maquinistas a finales de 2026 y a más de 1.200 al terminar 2027. El sistema de incentivos y sanciones dependía hasta ahora del Ministerio de Transportes.
El acuerdo fija también cómo responder ante las interrupciones: si se prevé que duren menos de 90 minutos, la prioridad será recuperar la circulación. Cuando la previsión supere ese plazo, Renfe deberá activar un transporte alternativo por carretera.
Un contrato antes del cambio de operador
Renfe presta Rodalies y Regionales sin un contrato formal con la administración catalana desde los traspasos de competencias de 2009 y 2010. La relación contractual se mantenía con el Ministerio de Transportes pese a que la Generalitat tenía transferidas las competencias sobre Rodalies desde 2009.
La nueva regulación prepara el paso de la operación a Rodalies de Catalunya, sociedad constituida en enero y participada en un 51 % por Renfe Viajeros y en un 49 % por la Generalitat. El Govern prevé que obtenga la licencia ferroviaria durante el primer trimestre de 2028 y empiece entonces a operar; el contrato se adaptaría a ese cambio. La Generalitat pagará el servicio previo acuerdo con el Estado, que seguirá financiándolo.
1.407,6 millones para tres años de servicio
La aportación estatal prevista se reparte en 507,9 millones de euros para 2026, 448 millones para 2027 y 451,6 millones para 2028. La cifra del primer año incluye gastos de los planes alternativos de transporte activados durante la crisis ferroviaria y una compensación estimada en 74 millones por la gratuidad de los títulos impulsada por la Generalitat durante los primeros meses de la crisis tras el accidente de Gelida.
La financiación ha sido motivo de disputa entre las administraciones desde 2010. La Generalitat y Renfe llegaron a los tribunales por los costes de ampliaciones de cobertura que había pedido la administración catalana. Los acuerdos de investidura entre ERC y el PSOE de 2023 cerraron ese conflicto con una partida estatal de unos 90 millones de euros para esos servicios. El nuevo marco busca evitar que las mejoras y ampliaciones deban negociarse cada año.
La renovación prevista incluye 110 trenes: 72 unidades nuevas de gran capacidad para Rodalies, 24 para Regionales y 14 de la serie 121 de Renfe. La flota pasaría de 202 a 250 trenes en Rodalies y de 70 a 75 en Regionales. En Barcelona, otras medidas de movilidad han incluido las ayudas para bicicletas eléctricas, una iniciativa distinta de este contrato ferroviario.
Renfe dejará de operar las líneas RL3 y RL4 de Lleida cuando Ferrocarriles de la Generalitat las asuma. El seguimiento del contrato quedará en manos de una comisión paritaria de seis representantes que sustituirá al actual órgano mixto entre la Generalitat y Renfe.
