La norma pretendía permitir que los ayuntamientos de zonas tensionadas condicionaran el destino de determinadas viviendas adquiridas. Los inmuebles tendrían que dedicarse a residencia habitual, a un familiar o al alquiler permanente sujeto a los límites legales, evitando operaciones pensadas únicamente para revender o explotar el piso con mayor rentabilidad.
El Consell sostiene que esta regulación afecta de forma desproporcionada al derecho a la propiedad y a la herencia, la libertad de empresa y la seguridad jurídica. También aprecia problemas relacionados con las obligaciones contractuales y con la falta de claridad sobre cómo se aplicaría la medida.
El dictamen cuestiona además la tramitación por lectura única, un procedimiento abreviado reservado para textos de naturaleza sencilla. Según el órgano consultivo, una reforma con efectos directos sobre la propiedad, los contratos y las competencias municipales necesitaba un debate parlamentario más amplio.
Otro de los reproches se refiere a la ausencia de participación de las entidades locales. La futura ley otorgaba a los ayuntamientos un papel central para definir y aplicar las restricciones, pero los representantes municipales no fueron escuchados durante la elaboración del texto.
Aunque el informe no obliga jurídicamente al Parlament a detener la iniciativa, resulta poco probable que la propuesta siga adelante sin modificaciones. El Govern ha anunciado que buscará fórmulas compatibles con el Estatut y la Constitución para proteger la vivienda residencial y evitar su concentración en pocas manos.
Los Comuns rechazan la interpretación del Consell y defienden que la ley no prohibía comprar viviendas, sino que regulaba su uso posterior. El grupo estudiará nuevas opciones junto a otros partidos y colectivos de inquilinos, mientras el sector inmobiliario reclama la retirada completa del proyecto.
La decisión deja en suspenso una medida que podía afectar a Barcelona y a la mayoría de municipios declarados como zonas de mercado tensionado. El debate regresa ahora al Parlament con una pregunta abierta: cómo limitar las operaciones especulativas sin que la respuesta choque con los derechos de propiedad y las competencias estatales.
