La prohibición alcanzaría también a campus universitarios, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, marquesinas de transporte y determinados eventos celebrados al aire libre. En las terrazas, el veto se aplicaría aunque estén completamente abiertas y no tengan toldos ni cerramientos laterales.
El cambio tendría un efecto especialmente visible en barrios con una fuerte vida hostelera, desde el Eixample y Gràcia hasta Sant Antoni, el Born o Poblenou. Fumadores y usuarios de cigarrillos electrónicos tendrían que alejarse de las mesas para consumir estos productos.
En las playas de Barcelona, la novedad sería menor. La ciudad ya prohibió fumar en la arena de todo su litoral en 2022, por lo que espacios como la Barceloneta, Bogatell o la Mar Bella parten de una regulación municipal más avanzada que la futura norma estatal.
El proyecto prohíbe por primera vez que los menores consuman tabaco, vapeadores y otros productos relacionados. Las infracciones leves arrancarían en los 200 euros y, cuando el responsable sea menor de edad, el pago recaería en sus padres o tutores, aunque se prevén alternativas de carácter educativo.
Los cigarrillos electrónicos, tengan o no nicotina, quedarían sometidos a restricciones similares a las del tabaco tradicional. La reforma limita además su publicidad y promoción, y amplía el control sobre productos como las bolsitas de nicotina, las cachimbas y los dispositivos de tabaco calentado.
La medida todavía puede cambiar durante su paso por las Cortes. Hasta que el Congreso y el Senado aprueben el texto definitivo y se publique su entrada en vigor, seguirá aplicándose la normativa actual en terrazas, universidades y el resto de espacios afectados.
El cambio más perceptible en Barcelona estaría alrededor de una mesa: desaparecerían los ceniceros de muchas terrazas y fumar dejaría de formar parte del paisaje habitual de plazas y calles llenas de bares. La clave estará en el texto final y en cómo se controle una prohibición que afectará a miles de locales.
