El programa, impulsado por el Departamento de Educación, se aplica en 14 centros de zonas como L’Hospitalet, Sabadell o la Val d’Aran. Los agentes no llevan uniforme ni arma y colaboran con equipos directivos para detectar riesgos, mediar y generar confianza con el alumnado.
La reacción no ha sido uniforme. Parte del profesorado ha mostrado rechazo y ha protagonizado protestas, mientras que algunos directores defienden la iniciativa como una herramienta útil para anticipar problemas como el acoso o situaciones de vulnerabilidad.
El debate ya tiene consecuencias. Al menos ocho institutos han pedido abandonar el programa ante la presión interna, lo que refleja una división clara dentro de la comunidad educativa sobre el papel de la policía en las aulas.
Desde los centros que apoyan la medida, se insiste en que no sustituye recursos educativos, sino que suma en prevención. La idea es acercar la figura policial y convertirla en un apoyo accesible también fuera de situaciones de emergencia.
Lo que está en juego va más allá de este piloto. La decisión puede redefinir cómo se gestionan los conflictos en la escuela y hasta dónde debe llegar la presencia institucional en el entorno educativo, un tema que ya impacta en la vida cotidiana de alumnos y profesores.
