La medida, que será aprobada por la Comunidad de Madrid, introduce además un elemento clave: las comunidades de vecinos podrán vetar la presencia de pisos turísticos en sus edificios si así lo recogen en sus estatutos y cuentan con el respaldo suficiente en junta. Este cambio da más peso a la convivencia frente al uso intensivo de la vivienda con fines turísticos. La nueva regulación también excluye a las viviendas de protección pública del mercado vacacional y endurece los requisitos que deben cumplir los alojamientos. Se establecen condiciones más estrictas en cuanto a equipamiento, servicios básicos y tamaño mínimo de las estancias, con el objetivo de garantizar estándares de calidad para los huéspedes.
A nivel municipal, los ayuntamientos podrán limitar el número de pisos turísticos por edificio o por zona, adaptando la oferta a la realidad de cada barrio. Esta herramienta busca evitar la saturación en áreas especialmente tensionadas.
Pese a estas medidas, el principal desafío sigue siendo el control de la oferta ilegal. Aunque en los últimos años se han dado de baja miles de viviendas tras inspecciones, una parte importante del mercado continúa operando al margen de la normativa.
La regulación del alquiler turístico se consolida así como uno de los grandes temas urbanos en Madrid. El equilibrio entre turismo, acceso a la vivienda y convivencia vecinal marcará la evolución de la ciudad en los próximos años.
