La sanidad pública madrileña vuelve a estar bajo el foco. Esta vez, la denuncia de un cirujano del hospital Ramón y Cajal sobre la supuesta manipulación de las listas de espera ha sacudido la Asamblea de Madrid y ha puesto a Isabel Díaz Ayuso en el centro de la polémica. El asunto no es menor: afecta directamente a quienes esperan una operación o consulta, y reabre el debate sobre la transparencia y la gestión de los recursos públicos en la región.
El Gobierno de la Comunidad ha abierto una investigación, aunque no ha tardado en señalar al médico denunciante, acusándole de fabricar el caso por motivos personales. Sin embargo, documentos internos y testimonios de otros profesionales del hospital, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, respaldan la versión del cirujano y añaden presión sobre la administración regional.
En el pleno, la presidenta Ayuso ha tenido que encarar las preguntas de la oposición, que no ha dejado pasar la oportunidad de vincular este caso con otros episodios recientes, como la compra del ático de lujo por parte de Planifica Madrid. La portavoz socialista, Mar Espinar, ha criticado la falta de explicaciones y la opacidad en torno a la gestión sanitaria y patrimonial, mientras que Manuela Bergerot, de Más Madrid, ha calificado de “criminal” la alteración de la gravedad de los pacientes para maquillar cifras y ha acusado al Gobierno de favorecer a la sanidad privada.
Vox, por su parte, ha intentado llevar el debate hacia la presión que, según su portavoz, ejerce la inmigración sobre los servicios públicos. Ayuso ha respondido defendiendo la igualdad de trato para quienes cumplen la ley y aportan a la sociedad madrileña, independientemente de su origen, y ha reprochado a la ultraderecha la falta de propuestas concretas.
El cruce de acusaciones ha sido constante. Ayuso ha tachado de “bulo” la denuncia del cirujano y ha recordado que otros casos similares, como el del Hospital de Torrejón, fueron archivados. Desde el PP, Carlos Díaz-Pache ha insistido en que la izquierda “no deja de inventar casos” y ha defendido la gestión regional, asegurando que Madrid es la comunidad con menos impuestos y mejores servicios públicos.
Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, se ha solidarizado con el médico denunciante y ha acusado a Ayuso de promover la sanidad privada. El enfrentamiento entre el Gobierno regional y el Ministerio de Sanidad se intensifica, y la oposición ya anticipa que el caso Ramón y Cajal no será el último en salir a la luz.
En paralelo, el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, comparece para explicar la compra del polémico ático, una operación que sigue sin aclararse y que añade más leña al fuego en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo autonómico.
El hospital Ramón y Cajal, uno de los grandes referentes sanitarios de Madrid, atiende a miles de pacientes cada año y es conocido por su actividad quirúrgica y su papel en la formación de profesionales. Su funcionamiento diario marca el pulso de la sanidad pública en el norte de la ciudad y cualquier alteración en sus listas de espera repercute directamente en la vida de muchos madrileños. La confianza en la gestión de estos centros es clave para el día a día de quienes dependen de la sanidad pública, y episodios como el actual obligan a mirar con lupa cómo se gestionan los recursos y la información en los hospitales de la región.
