La regulación del taxi y las VTC en Barcelona entra en una fase decisiva. El Parlament ha iniciado la tramitación de una ley que podría reducir drásticamente las licencias de Uber y Cabify, mientras el sector del taxi sigue el debate con tensión. La propuesta, impulsada por PSC, ERC, la CUP, Comuns y Junts tras el rechazo a una enmienda de Vox, plantea declarar el taxi servicio de interés económico general y limitar la presencia de VTC en el área metropolitana.
Si el texto no cambia, más de la mitad de las licencias de VTC desaparecerían y las nuevas autorizaciones serían temporales y no renovables. Junts, que apoyó la tramitación, quiere introducir cambios para garantizar la viabilidad del sector, lo que ha provocado críticas de los taxistas y de su líder en Barcelona, Tito Álvarez.
La ley también prevé nuevas exigencias: taxistas y conductores de VTC deberán acreditar un nivel mínimo de catalán y todos los vehículos estarán geolocalizados y sometidos a un control administrativo más estricto. En las próximas semanas la comisión de Territorio debatirá el texto, que podría aprobarse antes de final de año y marcar el futuro del transporte urbano en Barcelona y el equilibrio entre taxis y VTC.
El impacto irá más allá del sector: la reducción de VTC y el refuerzo del taxi pueden alterar el equilibrio del transporte urbano, afectando la disponibilidad de vehículos, los tiempos de espera y la oferta de movilidad en áreas con alta demanda.
