El Ayuntamiento defiende la medida como una forma de recuperar vivienda para uso residencial y aliviar la presión sobre los barrios. Para el sector, en cambio, la desaparición de los apartamentos turísticos legales puede dejar a la ciudad con menos capacidad para absorber picos de demanda en congresos, ferias, conciertos o grandes visitas institucionales.
Apartur, la asociación que agrupa a operadores de apartamentos turísticos, advierte de que Barcelona podría perder hasta el 40% de su capacidad de alojamiento. Su directora general, Marian Muro, sostiene que el impacto no se limitaría a los propietarios, sino que también alcanzaría a comercios, restaurantes, servicios y empleos ligados al flujo de visitantes.
Según los datos del sector, la ciudad dejaría de ingresar unos 70 millones de euros en tasa turística y podrían verse afectados hasta 40.000 puestos de trabajo. Apartur también recuerda que los pisos turísticos representan alrededor del 1% del parque de viviendas, una cifra que utiliza para cuestionar que su eliminación vaya a resolver por sí sola el problema del acceso a la vivienda.
El debate toca una de las tensiones más visibles de Barcelona. La ciudad quiere reducir la presión turística sobre los vecinos, pero al mismo tiempo mantiene una agenda de grandes eventos que atraen a miles de personas durante todo el año, desde el Mobile World Congress hasta citas culturales, deportivas o institucionales.
Los apartamentos turísticos tienen además un perfil de usuario distinto al del hotel tradicional. Familias, grupos, personas que viajan por tratamientos médicos o asistentes a eventos largos suelen elegir este tipo de alojamiento por espacio, cocina o flexibilidad. La pregunta es qué alternativas habrá si esa oferta desaparece de golpe.
Desde el sector también alertan de un posible efecto no deseado: que parte de la demanda se desplace hacia la oferta ilegal si no hay suficiente alojamiento regulado. El Ayuntamiento, por su parte, insiste en que la prioridad debe ser proteger la vivienda habitual y limitar usos turísticos en una ciudad con precios cada vez más tensionados.
El reto no será solo decidir cuántos turistas puede alojar, sino cómo hacerlo sin romper la vida cotidiana de los barrios. La desaparición de los pisos turísticos legales puede cambiar el mapa del alojamiento, pero el debate de fondo seguirá abierto: vivienda, economía y convivencia compiten por el mismo espacio urbano.
