El proceso reunirá a más de un centenar de entidades vinculadas a la movilidad, el transporte y la actividad económica. Entre ellas aparecen administraciones públicas, asociaciones del taxi, plataformas VTC como Uber o Cabify, organizaciones empresariales y representantes del turismo y las ferias.
La dimensión del debate refleja hasta qué punto la regulación afecta al día a día de Barcelona. El equilibrio entre taxis y VTC impacta directamente en la movilidad urbana, los precios, el tráfico y la forma en que residentes y visitantes se desplazan por la ciudad.
El sindicato Élite Taxi, mayoritario en el sector, pide acelerar el proceso y priorizar a los actores con más representatividad. Consideran que buena parte de las entidades podrían intervenir por escrito para evitar retrasos en una ley que lleva tiempo reclamándose.
Las primeras sesiones están previstas para junio y se celebrarán cada dos semanas. Mientras tanto, el calendario parlamentario sigue creciendo con comparecencias de ayuntamientos, universidades, asociaciones de consumidores y organismos metropolitanos.
Barcelona vuelve así a situar la movilidad en el centro del debate político. La futura regulación definirá cómo convivirán taxis y VTC en los próximos años y condicionará buena parte del modelo de transporte urbano del área metropolitana.
