¿Puede Cataluña convertirse en un polo digital sin quedarse a oscuras? La Generalitat tiene sobre la mesa 26 proyectos de centros de datos que, si se construyeran todos, sumarían más de 2.000 MW de potencia. Pero ni la energía renovable ni las redes eléctricas parecen preparadas para semejante salto.
El Gobierno central ha lanzado un borrador de real decreto que pone el listón muy alto: los nuevos centros de datos que superen 1 MW deberán cubrir al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable, y además hacerlo hora a hora. La intención es clara: que la inteligencia artificial y la economía digital no compitan por la electricidad con hogares, industria o coches eléctricos.
Un reto energético de dimensiones inéditas
Las cifras impresionan. Solo los proyectos más avanzados podrían sumar entre 300 y 500 MW en la próxima década, lo que supondría entre 1,8 y 3 TWh de consumo anual. Si algún día se materializaran los 2.000 MW anunciados, la demanda podría dispararse hasta 12,3 TWh al año, o incluso 17,5 TWh si funcionaran a plena carga. Para ponerlo en contexto: Cataluña consumió unos 43 TWh de electricidad en 2025 y solo 9 TWh provinieron de renovables.
Así que la pregunta es directa: ¿de dónde saldrá toda esa electricidad? El decreto responde que de nuevas instalaciones renovables, pero la realidad es más compleja. Los centros de datos funcionan 24 horas al día, mientras que el sol y el viento no entienden de horarios administrativos. Cumplir con la exigencia de correspondencia horaria del 80% implica combinar solar, eólica, almacenamiento y contratos energéticos muy sofisticados.
Redes saturadas y planificación a contrarreloj
El problema no es solo técnico. La regulación llega cuando ya hay decenas de solicitudes de conexión y las redes eléctricas están saturadas en muchos puntos. Las administraciones autonómicas han empezado a considerar los centros de datos como proyectos estratégicos, pero la planificación energética y territorial va muy por detrás.
Cataluña sigue esperando la aprobación del PLATER, el plan territorial para ordenar las renovables y sus infraestructuras. Su tramitación acumula retrasos y no se espera que esté listo antes de 2027. Mientras tanto, los proyectos eólicos y solares avanzan despacio, las líneas de transmisión generan conflictos y la futura conexión del MAT desde Aragón sigue en el aire. Todo esto, con el cierre previsto de las nucleares catalanas, que hoy producen la mitad de la electricidad de la comunidad.
¿Todos los centros de datos valen lo mismo?
La Generalitat ha facilitado la tramitación de algunos centros de datos por considerarlos estratégicos, pero aún no tiene ni la energía ni la planificación para sostenerlos. El Gobierno central, por su parte, impone ahora requisitos ambientales muy estrictos sin haberlos coordinado con las comunidades autónomas, que son quienes gestionan el territorio y las autorizaciones.
Ni el PNIEC español ni el PROENCAT catalán previeron el ritmo al que crecería la demanda asociada a la inteligencia artificial. Ambos planes se diseñaron antes de la explosión de la IA generativa y la carrera global por las infraestructuras digitales. Ahora, la nueva demanda de centros de datos se suma a la electrificación del transporte, la industria, el aire acondicionado y la producción de hidrógeno. Todos quieren descarbonizarse con electricidad renovable que aún no existe en cantidad suficiente ni tiene redes para transportarla.
Priorizar lo que aporta valor real
No se trata de aceptar todos los centros de datos sin condiciones ni de cerrarlos en banda. Tampoco basta con repetir que la digitalización es inevitable. Estos centros pueden aportar capacidad tecnológica, soberanía digital y actividades de alto valor añadido, pero también consumen mucha electricidad y agua, ocupan capacidad de red y generan menos empleo directo del que sugieren las cifras de inversión.
Por eso, sería sensato decidir qué centros de datos necesita realmente el país, dónde deben ubicarse, qué valor añadido aportan y qué infraestructura energética pueden garantizar. Priorizar los vinculados a la investigación, servicios públicos, industria, supercomputación o autonomía tecnológica europea, y ser mucho más exigentes con los que solo buscan ventajas fiscales o de suelo para ofrecer servicios globales con poco retorno local.
Regulación necesaria pero precipitada
La regulación era imprescindible y exigir nuevas renovables tiene sentido. Lo discutible es imponer una correspondencia temporal casi inmediata sin haber desarrollado antes las redes, el almacenamiento y la planificación territorial que lo hagan viable. No se puede construir una transición energética seria acumulando decretos sectoriales que compiten por los mismos megavatios.
El Gobierno parece dispuesto a revisar algunos aspectos tras recibir más de un centenar de alegaciones. El diálogo llega tarde, pero al menos abre la puerta a una regulación más realista. No es la primera vez que la planificación va por detrás de la inversión: primero se anuncian los proyectos, luego se descubren sus consecuencias y finalmente se intenta corregir el desorden con normas apresuradas.
Mientras tanto, la transformación digital y urbana sigue su curso en Barcelona. No solo los centros de datos están en el punto de mira: otros proyectos, como la reforma del CEM Can Felipa en Poblenou, también muestran cómo la ciudad afronta grandes cambios en infraestructuras y servicios, como ya contamos aquí. La diferencia es que, en el caso de la energía digital, el margen de error es mucho menor y las consecuencias, mucho más amplias. Si Cataluña quiere liderar la economía digital, tendrá que decidir rápido qué modelo de centros de datos quiere y cómo va a alimentarlos sin dejar a nadie sin luz.
