La caída de la vivienda en propiedad entre los jóvenes alimenta la propuesta de una renta básica universal
En 2002, el 66 % de los hogares encabezados por menores de 35 años era propietario de su vivienda habitual. En 2024, solo lo era el 36 %. Entre los hogares encabezados por mayores de 64 años, la proporción alcanzaba el 85 % ese mismo año.
En dos décadas, tener casa propia antes de los 35 ha pasado de ser lo habitual a quedar en manos de una minoría. La vivienda funciona como principal forma de acumular patrimonio y agranda las diferencias entre quien hereda un piso y quien destina buena parte del sueldo al alquiler.
Los préstamos llegan hasta los 40 años
La Generalitat amplió en 2026 hasta los 40 años la edad máxima para acceder a los Préstecs Emancipació. Son créditos a interés cero para cubrir la entrada de la primera vivienda. Hasta junio de ese año, el límite estaba en los 35; en otras políticas juveniles, la frontera se había situado en los 30 o los 25.
La ampliación retrata una emancipación que se alarga. Los millennials han atravesado dos crisis y un mercado laboral marcado por los contratos temporales, mientras los precios han convertido la vivienda en un privilegio. Muchos han estudiado, trabajado y ahorrado cuanto han podido; algunos incluso han logrado un empleo fijo.
Las ayudas alivian parte del problema. En su primer año, los Préstecs Emancipació llegaron a más de 2.000 personas. Aun así, el acceso tiene varias condiciones: para algunas ayudas al alquiler hace falta contar antes con un contrato, y el préstamo público cubre hasta el 20 % del precio del piso, con un máximo de 50.000 euros. Para financiar el resto se necesita una hipoteca bancaria, que exige ingresos acreditados y cierta estabilidad. También hay que encontrar una vivienda a un precio asumible.
La conversación sobre seguridad económica también se relaciona con el empleo en Catalunya, una pieza de la estabilidad que permite planificar la emancipación.
Una red social pensada para riesgos puntuales
Las administraciones han respondido con más ayudas, requisitos flexibles y límites de edad cada vez más altos. Es una respuesta comprensible, aunque deja a la vista las limitaciones de un sistema que suele exigir resolver primero una parte del problema para poder recibir apoyo.
Las políticas sociales del siglo XX se organizaron alrededor de riesgos concretos: perder el empleo, enfermar, envejecer o caer en la pobreza. Cada prestación tenía sus requisitos. Ese modelo fue clave para construir las sociedades europeas contemporáneas, pero encaja peor cuando la inseguridad económica deja de ser pasajera.
El debate de fondo afecta a la posibilidad de construir un proyecto vital con cierta previsibilidad. La renta básica universal que plantea el artículo sería un ingreso para cada persona, abonado periódicamente y sin condiciones, con el objetivo de garantizar un mínimo material. No dependería de perder el empleo ni de acreditar pobreza. Tampoco exigiría justificar con quién se convive ni tendría límites de edad.
Contar con ese suelo económico podría dar margen para rechazar un empleo indigno o un alquiler abusivo. Por sí sola, la renta básica no crearía viviendas asequibles ni obligaría a los bancos a conceder hipotecas.
La financiación también tendría que cambiar
Sin vivienda pública y regulación del alquiler, una parte del ingreso podría acabar en manos de los propietarios. El coste tampoco debería salir de recortes en sanidad, educación o servicios sociales.
La propuesta requiere una reforma fiscal profunda y una redistribución mayor de la riqueza. También plantea reforzar la inspección tributaria y la lucha contra el fraude. La prestación sería universal; la financiación, progresiva, con una mayor contribución de quienes más tienen. No todo el mundo saldría ganando en términos netos: el objetivo sería que nadie quedara por debajo de un mínimo para vivir dignamente.
El diseño no sería barato ni sencillo, y hoy cuesta imaginar la mayoría política necesaria. Mientras tanto, a quienes nacieron a partir de los ochenta se les ha repetido que bastaba con renunciar a las tostadas de aguacate o a los viajes de fin de semana por Europa para comprar un piso. Muchos se acercan a los 40 y siguen recibiendo ayudas juveniles para emanciparse, una opción que la generación boomer pudo llevar a cabo mucho antes.
La propuesta es ampliar el contrato social que consolidó la generación anterior con una garantía universal de seguridad económica: una prestación para todos y una financiación en la que quienes más tienen aporten más.
