El movimiento fue tan repentino como poco explicado. Usuarios que habían comprado su baliza “en regla” se encontraron, de la noche a la mañana, con un producto fuera del listado oficial. Las redes y las asociaciones de consumidores no tardaron en señalar la inseguridad jurídica de una decisión tomada a contrarreloj.
Ante el revuelo, la DGT rectificó parcialmente: quienes ya tengan uno de los modelos retirados podrán seguir usándolo sin sanción hasta que expire su vida útil, normalmente ligada a los 12 años de conectividad incluidos en el precio. No habrá multas, pero sí un mercado paralizado y muchas dudas sobre los criterios técnicos aplicados.
El episodio ha puesto en primer plano una singularidad española. Ningún otro país europeo exige por ley una baliza geolocalizada con conexión automática a una plataforma estatal. El objetivo —evitar que el conductor baje del coche y reducir atropellos— sigue intacto, pero la gestión del cambio ha empañado el mensaje.
Mientras algunos fabricantes ven frenadas sus ventas, expertos recomiendan conservar el ticket y valorar devoluciones si es posible. Lo que debía ser un paso firme hacia una carretera más segura ha acabado convertido, de momento, en una carrera de obstáculos administrativos.
