La Cambra de Comerç de Barcelona ha lanzado una advertencia clara: urge implantar un sistema de pago por uso en autopistas y autovías de todo el Estado. La entidad defiende que solo así se podrá garantizar el mantenimiento y la modernización de las infraestructuras, siguiendo los principios europeos de “quien usa paga” y “quien contamina paga”.
Desde la eliminación de los peajes en 2021, el tráfico en las principales vías catalanas se ha disparado. La AP-7, por ejemplo, ya roza el colapso en varios tramos, con un aumento del 37% en vehículos ligeros y del 55% en pesados en apenas cinco años. El resultado: más atascos, más accidentes y un desgaste acelerado de la red viaria.
El problema se agrava por la falta de inversión en conservación. Según la Asociación Española de la Carretera, el déficit ha crecido de 9.453 a 13.491 millones de euros en solo dos años. Mientras tanto, las administraciones apenas destinan 2.000 millones anuales al mantenimiento, una cifra insuficiente para revertir el deterioro. Más de la mitad de las carreteras estatales y catalanas presentan daños graves o muy graves.
Las autopistas y autovías soportan cuatro veces más tráfico que otras vías y concentran el 55% de los accidentes graves o mortales. Aunque el riesgo de siniestros había bajado en los últimos años, un informe del RACC revela que, por primera vez en 15 años, el índice de riesgo en estas vías ha vuelto a subir, pasando de 6,1 a 6,4 según el estudio iRAP.
