El dato procede de documentación obtenida mediante una solicitud de transparencia y permite medir la dimensión del cambio: las 240 autorizaciones de este año representan un 60 % más que las alrededor de 150 cámaras autorizadas durante los seis años anteriores juntos.
Eso no significa, sin embargo, que Barcelona tenga ya 240 cámaras nuevas funcionando en sus calles. La autorización es el paso necesario previo a la adquisición, instalación y activación del dispositivo. El Ayuntamiento mantiene que actualmente existen unas 186 cámaras operativas en la vía pública.
Entre 2020 y 2026, Barcelona ha obtenido permiso para 441 dispositivos. Casi la mitad se concentran en Ciutat Vella, con 204 autorizaciones. Le siguen l'Eixample, con 103; Nou Barris, con 58; Sants-Montjuïc, con 44; Sant Andreu, con 21, y Horta-Guinardó, con 11.
Las Ramblas figuran entre los espacios con una mayor concentración de sistemas de vigilancia, con 63 cámaras autorizadas. La estrategia también se extiende por puntos como el Born, la Anella Olímpica, los búnkeres del Carmel, la Sagrada Família, plazas de Nou Barris o el parque de la Pegaso.
El Ayuntamiento ya había anunciado en agosto que instalaría alrededor de un centenar de nuevos dispositivos antes de acabar 2026. Entre las actuaciones recientes se encuentran las cámaras que ya funcionan en plaza de Catalunya y el Front Marítim, mientras siguen avanzando proyectos para plaza Reial, avenida de la Catedral y rambla del Raval.
El objetivo municipal es continuar aumentando la red durante 2027. El gobierno de Jaume Collboni defiende la videovigilancia como herramienta para prevenir delitos y facilitar investigaciones policiales, especialmente en espacios con una elevada afluencia, actividad delictiva o necesidades específicas de seguridad.
Las cámaras municipales no incorporan reconocimiento facial ni sistemas de identificación mediante inteligencia artificial. Las grabaciones están sometidas a la legislación de protección de datos y su utilización policial requiere los controles establecidos por la Generalitat.
El crecimiento también abre un debate sobre privacidad y proporcionalidad. El despliegue necesita el informe favorable de la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya, encargada de evaluar que la utilización de estos sistemas respete los derechos ciudadanos.
La diferencia entre cámaras autorizadas y cámaras realmente operativas será ahora una de las claves para seguir el despliegue. Los 240 permisos concedidos durante 2026 muestran el cambio de escala de la estrategia municipal, pero una parte de esos dispositivos todavía debe completar el proceso de instalación antes de empezar a vigilar las calles.
