Los que pagaron su chalé en Cantabria lo pierden por sentencia y los okupas de al lado siguen dentro: ningún juzgado puede echarlos

Argoños, entre Santoña y Noja, es el municipio con más viviendas con sentencia de derribo de Cantabria: 255 casas levantadas en los años 90 sobre suelo que los tribunales acabaron declarando no urbanizable, y 254 familias que llevan casi treinta años esperando a saber qué pasa con la suya. El plan urbanístico que iba a salvar 134 de esas casas lo anuló el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en junio.

Este miércoles empezó a pasar. Una excavadora tiró los chalés 40 y 41 de Las Llamas II, la única urbanización de Argoños donde ya había acuerdo con los once propietarios: ocho cobraron el valor de su casa y tres se quedan con un chalé nuevo que les construye el Gobierno de Cantabria. El derribo lo paga el Ayuntamiento, «en contra de su criterio» pero por obligación legal, según el alcalde, Juan José Barruetabeña.

«Ningún juzgado, ni de Cantabria ni de España, con las leyes que ahora mismo tenemos en vigor, es capaz de hacer cumplir esta sentencia judicial que sí le hicimos cumplir a aquellos que habían comprado honradamente estas viviendas», dijo el consejero de Fomento, Roberto Media, al pie de la excavadora.

Ocho chalés que no se pueden tirar

La misma sentencia obliga a derribar los once. Uno más caerá cuando sus dueños firmen las escrituras de la casa de sustitución. En los otros ocho viven familias okupas, y Gesvicán, la empresa pública de vivienda, ha perdido todos los procedimientos para echarlas: los juzgados entienden que, con tanta rotación de gente entrando y saliendo, los ocupantes «no tienen vocación de permanencia», el requisito que la ley exige para el desalojo inmediato. Gesvicán, encima, ha pagado las costas.

Traducción: el que compró con escritura pierde la casa por sentencia. El que entró por la puerta de atrás la conserva porque no se queda el tiempo suficiente para que un juez lo eche.

El detalle que lo retrata todo: una de las dos casas derribadas el miércoles, entregada el sábado por sus dueños, fue okupada horas después. El Ayuntamiento llamó a la Guardia Civil, los intrusos salieron por la puerta de atrás y los operarios arrancaron puertas y ventanas de la de al lado para que no se repitiera.

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Lo que sí funciona hoy contra una okupación, por orden:

• Llamar a la policía en el momento: si los pillan entrando es delito flagrante y salen.
• Denunciar por usurpación: desde abril de 2025 va por juicio rápido, en teoría 15 días desde que el okupa comparece como denunciado.
• Si eres particular, el desalojo exprés civil de la Ley 5/2018.
• Lo que no funciona: cortar la luz o el agua. Eso convierte al propietario en denunciado.

En España se presentaron 14.875 denuncias por okupación en 2025, un 9,4 % menos que el año anterior. Cataluña concentra cuatro de cada diez; la Comunidad Valenciana, 1.805.

Lo que viene para las otras 244 familias

El Gobierno de Cantabria se ha comprometido a firmar con todos los afectados de Argoños antes de que acabe la legislatura: o una compensación equivalente al valor de la casa, que se cobra de inmediato, o una vivienda de sustitución en el municipio, para la que habrá que esperar a que se construya. El concurso para comprar los terrenos se publica esta misma semana y, según Media, «va a haber terreno suficiente para todos aquellos que lo quieran».

Antonio Vilela, presidente de AMA, la asociación de afectados, lleva tres décadas oyendo plazos: «Después de 30 años necesitamos soluciones reales y rápidas». Pide un plan «real, creíble, con presupuesto, que se ejecute».

Los derribos de Las Llamas II se completan en horas. Los acuerdos del resto del municipio, según Fomento, «antes de mayo».

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