El malestar se hizo visible durante la visita del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, al municipio. Un grupo de vecinos le recibió con gritos, pancartas y reproches, reclamando soluciones habitacionales reales y respuestas para quienes perdieron su casa o viven todavía pendientes de grietas, informes técnicos y procesos judiciales.
La protesta no fue multitudinaria, pero sí cargada de simbolismo. Para los afectados, ver un parque sobre el solar de edificios demolidos resulta difícil de aceptar cuando muchas familias siguen sin una alternativa definitiva y cuando los servicios públicos que existían en la zona no han sido recuperados.
El origen del conflicto se remonta a 2007, con la ampliación de la línea 7B de Metro. Las obras alteraron el subsuelo de San Fernando de Henares y, con el paso del tiempo, el agua y la sal presentes en el terreno provocaron daños estructurales en edificios de viviendas y equipamientos municipales.
Desde entonces, el municipio vive con una crisis urbana que no se ha cerrado. Decenas de viviendas han sido demolidas, cientos de vecinos han visto cómo sus casas se agrietaban y muchas familias han tenido que abandonar su hogar sin sentir que la compensación recibida responda al daño sufrido.
La Comunidad de Madrid defiende que ha destinado más de 170 millones de euros a estabilizar el terreno, reparar la infraestructura y recuperar el servicio de Metro. Pero los afectados insisten en que el problema no puede medirse solo en obras, inversión o reaperturas: falta resolver la vida de quienes se quedaron sin casa.
El caso también golpeó a equipamientos clave del municipio. El antiguo complejo de El Pilar, donde se encontraban servicios como la Casa de la Mujer, la Escuela de Idiomas o el teatro municipal, desapareció por los daños y derribos. El nuevo parque ocupa ahora parte de ese vacío urbano, pero no sustituye lo que se perdió.
Para los vecinos, la prioridad sigue siendo la vivienda, la seguridad de los edificios afectados y la recuperación de servicios públicos. La zona verde puede mejorar el aspecto del entorno, pero no responde a la pregunta que muchos llevan años repitiendo: cuándo podrán cerrar de verdad esta etapa.
La línea 7B no es solo una infraestructura con problemas técnicos. En San Fernando se ha convertido en una historia de desarraigo, incertidumbre y desgaste vecinal. Hay familias que viven lejos de su barrio, propietarios que no saben qué pasará con sus pisos y residentes que siguen mirando cada grieta con miedo.
La inauguración del parque deja una imagen difícil para el municipio: una mejora urbana levantada sobre un conflicto sin resolver. San Fernando necesita espacios verdes, pero también memoria, reparación y soluciones concretas para quienes todavía sienten que su vida quedó suspendida por una obra que nunca pidieron y que aún no ha terminado para ellos.
