La familia ya había logrado una última prórroga la semana anterior, pero el procedimiento acabó ejecutándose. Para quienes acudieron a apoyarles, la escena resume una realidad que se repite en Madrid: familias vulnerables que pierden su casa sin una alternativa estable y con menores de edad en medio del proceso.
La respuesta vecinal llegó pocas horas después. Decenas de integrantes y simpatizantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se encerraron en una sucursal de CaixaBank en la avenida de la Albufera para reclamar una solución habitacional.
La protesta estuvo vigilada por un amplio despliegue policial. La PAH exigía un alquiler social que permita a la familia permanecer en su entorno, cerca de sus redes de apoyo, del colegio del menor y de los recursos que forman parte de su vida diaria.
Mientras se busca una salida, Adolfo y su familia pasarán la noche en casa de un voluntario. Los servicios sociales ofrecieron una estancia temporal en el albergue municipal Las Caracolas, una opción que los activistas consideran insuficiente para una familia con un niño pequeño y necesidades específicas.
Según la PAH, el menor tiene una discapacidad cognitiva y ha vivido ya varios intentos de desahucio pese a su corta edad. La organización insiste en que una solución temporal no resuelve el problema de fondo, especialmente cuando hay escolarización, cuidados y arraigo en el barrio.
La propiedad del inmueble corresponde a BuildingCenter, inmobiliaria vinculada a CaixaBank. Los activistas aseguran que llevan meses intentando negociar un alquiler social y que el caso había sido estudiado, pero sin que finalmente se alcanzara un acuerdo que evitara el desalojo.
La tensión aumentó durante la ejecución del procedimiento. La PAH denuncia que la familia apenas pudo recoger sus pertenencias y sostiene que el desahucio se llevó a cabo sin esperar la resolución de un recurso pendiente. La plataforma habla de “maltrato institucional” y reclama más protección para hogares en situación vulnerable.
El caso no es aislado para el movimiento de vivienda. La PAH asegura que mantiene otros expedientes abiertos con BuildingCenter y pide a CaixaBank una mayor responsabilidad social, especialmente en situaciones que afectan a familias con menores, personas dependientes o pocos recursos.
Muchos de estos conflictos proceden de ejecuciones hipotecarias, contratos de alquiler no renovados o procesos que se alargan durante meses hasta dejar a los hogares sin margen real de maniobra. En ese punto, la diferencia entre una prórroga y una alternativa estable puede cambiar por completo la vida de una familia.
Puente de Vallecas vuelve a aparecer como uno de los territorios donde la crisis de vivienda se nota con más fuerza. En sus calles conviven redes vecinales muy activas, familias con arraigo y una presión inmobiliaria que complica cada vez más encontrar alquileres asumibles.
El desahucio de Adolfo, su hija y su nieto no termina con la salida de la vivienda. Continúa en la búsqueda de un alquiler social, en la protesta frente a una entidad bancaria y en una pregunta que atraviesa muchos barrios de Madrid: qué ocurre cuando perder la casa significa también perder estabilidad, cuidados y comunidad.
