El Ayuntamiento de Madrid ha justificado la medida en el marco de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que obliga a los municipios a financiar los costes de recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos. La tasa se aplicará a todos los inmuebles, residenciales y no residenciales, con carácter obligatorio. El cálculo del importe se basa en tres variables: una tarifa básica fija según el valor catastral del inmueble, una tarifa por generación de residuos, y un coeficiente de calidad en la separación, que mide cómo de bien recicla cada barrio. Con esta fórmula, un piso de 120.000 euros en Arganzuela, por ejemplo, abonará unos 129 euros, mientras que en zonas como El Plantío (Moncloa-Aravaca) la cifra alcanzará los 574 euros al año.
Las diferencias entre barrios han encendido la polémica. Mientras que en San Cristóbal (Villaverde) se pagarán unos 45 euros, en Recoletos (Salamanca) la cifra superará los 430. Desde Más Madrid critican que los distritos del sur, además de albergar la incineradora y otros equipamientos, soporten proporcionalmente una mayor carga en la tasa complementaria. El asunto ha llegado a los tribunales. El principal partido de la oposición presentó en mayo una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid alegando que la medida funciona como “un segundo IBI encubierto” y que su finalidad es meramente recaudatoria. Además, denuncian que las viviendas turísticas ilegales no quedan contempladas en la nueva tasa.
A partir de 2026, el pago podrá domiciliarse, pero este año todos los madrileños tendrán que abonar la nueva tasa en un único recibo que marcará, para muchos, una cuesta de septiembre aún más pronunciada.
