El Ayuntamiento ha intensificado las inspecciones y las sanciones, con un resultado claro: más cierres y menos actividad irregular. Solo en 2025 se clausuraron 323 viviendas turísticas, un 33% más que el año anterior. A esto se suma la suspensión de nuevas licencias y un control mucho más constante sobre los anuncios sin autorización.
La presión también se nota en el bolsillo. Se impusieron 117 multas, con importes que pueden alcanzar los 60.000 euros. La mayoría rondan los 30.000, una cifra que ya está cambiando el comportamiento de propietarios y operadores en el centro de la ciudad.
La vigilancia se ha multiplicado. Las inspecciones pasaron de poco más de 500 a superar las 1.500 en solo un año. Este aumento ha permitido detectar más pisos ilegales y abrir cientos de expedientes, muchos de los cuales terminan con el cierre de la actividad turística y la vuelta al uso habitual.
Al mismo tiempo, Madrid ha endurecido las reglas. La nueva ordenanza limita los pisos turísticos en el centro histórico y prohíbe su dispersión en edificios residenciales, además de frenar la conversión de locales en alojamientos. El objetivo es claro: recuperar equilibrio en barrios donde la convivencia llevaba tiempo tensionada.
El cambio ya se deja sentir en la vida diaria. Más viviendas disponibles pueden aliviar la presión del alquiler, pero también redefinen el modelo de ciudad. Madrid avanza hacia un escenario donde vivir vuelve a pesar más que alojar, especialmente en los barrios donde esta tensión era más visible.
