La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a una reforma normativa sin precedentes: algunas leyes autonómicas tendrán fecha de caducidad y todas serán revisadas cada cuatro años. El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de decreto que regulará este nuevo sistema, cumpliendo así una de las promesas electorales de Isabel Díaz Ayuso.
El objetivo es claro: modernizar la administración, eliminar trabas burocráticas y reforzar la seguridad jurídica para ciudadanos y empresas. La medida establece que, salvo excepciones legales, cada disposición deberá someterse a una evaluación ex post antes de cumplir cuatro años desde su entrada en vigor.
Las normas de carácter organizativo, que regulan el funcionamiento interno de la administración y sus órganos, tendrán una fecha de caducidad específica. Si tras cinco años no se justifica su continuidad tras la evaluación, perderán vigencia automáticamente.
El decreto también obliga a la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas a presentar, en el plazo de un año, una propuesta para revisar los procedimientos administrativos. El foco estará en priorizar el silencio positivo cuando no haya resolución expresa en plazo, facilitando así la vida a los ciudadanos.
El proceso de evaluación incluirá una fase de consulta pública, permitiendo la participación tanto de ciudadanos como de empresas. El informe final será elaborado por la consejería competente, que decidirá si la norma debe mantenerse, modificarse o eliminarse.
Para las leyes más simples, se prevé un procedimiento abreviado que agilizará su tramitación, similar a la lectura única en la Asamblea. Así, se reducirán notablemente los plazos de gestión.
Con esta iniciativa, el Gobierno regional pretende impulsar la actividad económica, atraer inversiones y talento, y simplificar el marco normativo vigente. La Comunidad de Madrid se posiciona así como pionera en la actualización periódica de sus leyes.
