La Comunidad de Madrid ha dado luz verde a una inversión histórica de 162 millones de euros destinada a reforzar la atención residencial y los centros ocupacionales para personas con discapacidad intelectual. El nuevo acuerdo marco, aprobado por el Consejo de Gobierno, garantiza el mantenimiento de 1.050 plazas públicas durante los próximos cuatro años, lo que supone un aumento del 35,6% respecto al acuerdo anterior.
Entre las principales novedades, se duplica el número de horas semanales de intervención social, pasando de 10 a 20, y se introduce la obligatoriedad de utilizar dispositivos tecnológicos y aplicaciones digitales. Estas herramientas facilitarán la comunicación con las familias y optimizarán la gestión de los efectos personales de los usuarios.
El acuerdo también incorpora nuevos perfiles profesionales, como nutricionistas y logopedas, y amplía el periodo de adaptación de los usuarios de 60 a 90 días, con el objetivo de mejorar su bienestar. Las plazas residenciales públicas se reparten entre centros de Madrid capital —en distritos como Moratalaz, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Barajas, Retiro, Chamartín, Ciudad Lineal, San Blas-Canillejas, Tetuán, Moncloa-Aravaca y Latina— y municipios como Pozuelo de Alarcón, Leganés, Getafe, Alcalá de Henares, Las Rozas de Madrid, Ajalvir, Colmenar Viejo, Villanueva de la Cañada, Majadahonda y Villaviciosa de Odón.
En estos centros se ofrece alojamiento, manutención, cuidado y asistencia personal, además de servicios de fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional y apoyo psicológico y social. El objetivo principal es prevenir el deterioro funcional y promover la integración, el bienestar y la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual atendidas en la red pública madrileña.
