La financiación de la dependencia vuelve a estar en el centro del debate en Madrid. La Comunidad, a través de la consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, ha solicitado una reunión urgente con el ministro de Derechos Sociales para abordar una deuda que, según el Gobierno regional, ya supera los 3.000 millones de euros. Esta cifra, aseguran, refleja el desfase entre lo que aporta el Estado y lo que realmente cuesta mantener el sistema en la región.
En la carta enviada al Ministerio, la consejera Ana Dávila detalla que la aportación estatal en 2024 apenas cubre el 27,5% del gasto, lejos del compromiso de cofinanciación al 50%. La previsión para el próximo año no mejora, lo que, según la Comunidad, agrava la situación de quienes dependen de estos servicios en Madrid.
El impacto es directo: con los fondos que no llegaron el año pasado, se podrían haber creado más de 12.000 plazas residenciales o financiado millones de horas de ayuda a domicilio. La consejera considera difícil justificar que el Gobierno central siga apoyándose en la prórroga de los Presupuestos Generales para no aumentar la financiación, especialmente cuando existen mecanismos legales para hacerlo.
El caso de la ELA se menciona como ejemplo de cómo, incluso sin presupuestos nuevos, se han habilitado fondos específicos. Sin embargo, la Comunidad critica que no se aplique la misma flexibilidad al sistema de dependencia, que afecta a más de un millón y medio de personas en todo el país.
La petición de Madrid es clara: una reunión inmediata para revisar la financiación, exigir el cumplimiento de los compromisos y acordar medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema. El objetivo es asegurar una atención digna para las personas más vulnerables, algo que, según la Comunidad, está en riesgo si no se resuelve el actual desequilibrio.
El sistema de dependencia en Madrid es uno de los pilares de la atención social en la ciudad. Su funcionamiento implica una red de residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio que llegan a miles de familias en todos los barrios. Los ajustes en la financiación no solo afectan a quienes reciben la prestación, sino también al empleo en el sector y a la capacidad de respuesta ante nuevas necesidades. Madrid ya empieza a moverse en esa dirección, buscando soluciones que permitan mantener el ritmo de atención que la ciudad demanda.
