La vida sanitaria en Madrid da un giro tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obliga a la Comunidad a poner en marcha el registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo. Esta medida, que debe aplicarse de inmediato, afecta tanto a hospitales públicos como privados y busca garantizar el cumplimiento de la ley vigente.
La resolución llega después de que el Ministerio de Sanidad solicitara medidas cautelares ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a desarrollar el registro. El tribunal ha aceptado la petición, aunque aclara que la Comunidad no debe crear el registro de forma automática, sino iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación.
Madrid era la única comunidad autónoma que no había avanzado en este registro, previsto en la normativa estatal. Desde la Consejería de Sanidad madrileña señalan que la decisión judicial solo resuelve sobre la medida cautelar y anuncian su intención de recurrir. Mientras, la ministra de Sanidad, Mónica García, celebra que la Justicia haya dado este paso, recordando que hasta ahora el 99% de los casos se derivaban a la sanidad privada.
El registro de objetores busca ordenar y clarificar la disponibilidad de profesionales para la práctica de abortos en la red sanitaria. Su puesta en marcha puede modificar la organización interna de hospitales y centros de salud, así como la experiencia de quienes solicitan este servicio en Madrid.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con sede en la céntrica calle General Castaños, es la máxima instancia judicial de la región en materia contencioso-administrativa. Sus decisiones suelen marcar el ritmo de la política autonómica, especialmente en cuestiones que afectan a la vida cotidiana y a los servicios públicos. Madrid ya empieza a moverse en esa dirección.
