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Los colegios madrileños ganarán margen para frenar conflictos en el aula

Madrid prepara un decreto para agilizar la respuesta ante conflictos escolares. Cada centro podrá ampliar el catálogo común de faltas leves. La norma cubrirá también conductas fuera del aula y en redes. Podría entrar en vigor durante el curso 2027/28.

Foto por depositphotos
Por · Madrid ·
Los colegios madrileños ganarán margen para frenar conflictos en el aula

El nuevo decreto prevé un catálogo mínimo de faltas y medidas correctoras para los centros

Las faltas leves dependen ahora de las normas de convivencia de cada centro. El nuevo decreto busca establecer un mínimo común para que docentes y equipos directivos puedan responder con mayor rapidez.

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, ha avanzado la iniciativa en un encuentro con medios. La Comunidad de Madrid tramitará de forma urgente el Decreto de Convivencia Escolar y Autoridad del Profesor, que podría entrar en vigor en el curso 2027/28. Antes, colegios e institutos tendrían tiempo para adaptar sus normas internas y ofrecer orientación y formación a sus equipos.

El texto definirá faltas leves, graves y muy graves, además de las medidas correctoras aplicables. La clasificación alcanzará las horas lectivas y las actividades extraescolares. También abarcará los servicios complementarios y el transporte; incluirá conductas fuera de las instalaciones y en redes.

Zarzalejo ha explicado que cada centro regula actualmente las faltas leves según sus propias normas. El decreto fijará un catálogo mínimo, que los centros podrán ampliar atendiendo a su realidad social. La consejera sostiene que esa base común dará a las familias una referencia compartida sobre las infracciones y sus medidas correctoras.

En otra área de los servicios públicos de la región, la Comunidad también ha detallado la continuidad de recursos para personas con discapacidad en este balance de servicios.

La propuesta desarrolla lo previsto en la Ley 2/2010, de 15 de junio, con el objetivo de reforzar la autoridad del profesorado y garantizar el derecho a la educación. El catálogo estatal fijaría un punto de partida común para los centros. Su aplicación mantendría espacio para que cada colegio incorpore faltas acordes con su realidad. La entrada en vigor podría producirse en el curso 2027/28.

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