El fallo es importante porque no se limita a revisar una cifra. La Justicia entiende que la tasación oficial de la vivienda quedó por debajo de su valor real y que tampoco se compensaron suficientemente los daños morales ni la pérdida de enseres. En total, la pareja recibirá 362.051 euros: 57.888 euros más por la casa, 24.000 por daño moral y 7.719 por los muebles que no pudo recuperar.
Para los afectados, la sentencia tiene un valor que va más allá de este caso concreto. Otras 30 familias esperan resoluciones similares y confían en que el criterio se repita. Durante años escucharon que no había margen legal para pagar más. Ahora, un juez sostiene que sí podía haberlo.
El conflicto se arrastra desde 2007, cuando las obras de la línea 7B alteraron el subsuelo de San Fernando de Henares. Primero llegaron las grietas, después las vibraciones, los desalojos y, finalmente, el derribo de decenas de viviendas. En total, 73 casas han tenido que ser demolidas y muchas familias han pasado años entre alojamientos provisionales, reclamaciones y protestas.
La Comunidad de Madrid revisó al alza algunas indemnizaciones en 2023, después de una fuerte presión vecinal, pero muchos propietarios consideraron insuficiente la oferta. La nueva sentencia refuerza esa sensación: no se trataba solo de pagar por metros cuadrados, sino de reconocer la pérdida de un hogar, de muebles, de estabilidad y de años de vida pendientes de una respuesta administrativa.
El Gobierno regional aún no ha aclarado si recurrirá. Los vecinos recuerdan, sin embargo, que el actual consejero Jorge Rodrigo se comprometió a no apelar sentencias favorables a los afectados. Para muchas familias, ese punto será clave: una nueva batalla judicial supondría alargar todavía más un proceso que ya pesa demasiado.
La línea 7B nació como una mejora de conexión para el este metropolitano, pero en San Fernando acabó convertida en una herida urbana. La Comunidad ha destinado ya más de 170 millones de euros a estabilizar el terreno y recuperar el servicio, suspendido durante tres años. Aun así, para quienes perdieron su casa, la reparación técnica no basta.
El barrio sigue viviendo entre obras, edificios vacíos, solares donde antes había viviendas y vecinos que aún esperan una compensación justa. Esta sentencia no devuelve lo perdido, pero cambia algo en el relato: reconoce que el daño fue mayor de lo que se quiso admitir y que la indemnización no puede cerrarse con una cifra administrativa si la vida real quedó mucho más rota.
