La vida en las calles de Madrid podría cambiar tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de admitir a trámite el recurso presentado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) contra la actual Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración. El movimiento vecinal considera que la normativa aprobada por el Ayuntamiento no tuvo en cuenta sus propuestas y prioriza los intereses de la hostelería, un sector que, según la FRAVM, lleva años sin buscar acuerdos para reducir molestias en los barrios.
Entre los argumentos del recurso, la FRAVM señala que algunos artículos de la ordenanza contradicen la jurisprudencia sobre movilidad y accesibilidad, e incluso incumplen el Código Técnico de Edificación al permitir pasillos interiores de menos de 0,80 metros en las terrazas. Además, advierten de que el exceso de ruido puede vulnerar derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio, un aspecto que ya ha sido respaldado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Desde el Ayuntamiento, la vicealcaldesa Inma Sanz defiende la ordenanza y lamenta la postura de la FRAVM, a la que acusa de mantener una posición inflexible y de querer limitar o cerrar la mayoría de terrazas de la ciudad. Sanz asegura que el Consistorio ha respondido a todas las alegaciones y ha mantenido conversaciones con los colectivos vecinales, aunque reconoce que no se ha logrado un acuerdo.
Las terrazas se han convertido en un elemento central del paisaje urbano madrileño, especialmente tras la pandemia, cuando ganaron protagonismo en la vida social y económica de los barrios. Su regulación afecta directamente al uso del espacio público, la movilidad peatonal y la convivencia vecinal. El debate sobre su futuro refleja la tensión entre el dinamismo hostelero y el derecho al descanso, una cuestión que Madrid sigue ajustando a medida que evoluciona la ciudad.
