La Cámara de Cuentas autonómica dibuja un problema extendido: el 82,1% de los órganos municipales de control asegura no disponer de medios humanos y materiales suficientes para cumplir adecuadamente su trabajo. Cerca de tres de cada cuatro han llevado además esta carencia ante sus respectivos plenos sin que eso haya permitido resolverla.
La presión ha aumentado con los años. Las plantillas apenas han crecido mientras los presupuestos municipales y el volumen de expedientes se han multiplicado. A las tareas habituales se ha sumado también la gestión vinculada a los fondos europeos Next Generation, que exige controles adicionales y aumenta la carga sobre equipos ya reducidos.
Pinto ofrece uno de los ejemplos más claros. Su área de intervención mantiene prácticamente la misma plantilla desde hace tres décadas, una situación que ha contribuido a retrasar la entrega de informes de control interno correspondientes a 2023 y 2024. El problema, sin embargo, está lejos de limitarse a un único municipio.
En 2025, solo la mitad de los órganos de intervención analizados elaboró su informe anual de control interno. Menos de una cuarta parte presentó un plan anual de control financiero y apenas uno de cada diez aprobó planes de acción destinados a corregir las deficiencias detectadas. Son documentos poco visibles para el vecino, pero esenciales para saber cómo se contrata, se paga y se ejecuta el presupuesto municipal.
Fuera de Madrid capital, estas unidades cuentan de media con apenas cinco trabajadores y cerca del 20% de las plazas están vacantes. Leganés, Pozuelo de Alarcón y Getafe aparecen entre los municipios con menor proporción de puestos cubiertos respecto a su población, lo que obliga a equipos pequeños a supervisar administraciones cada vez más complejas.
La Cámara de Cuentas reclama reforzar tanto la independencia como la capacidad técnica de estos órganos y aumentar el número de funcionarios y personal de apoyo. También recuerda que los ayuntamientos pueden recurrir a convenios con la Intervención General del Estado para recibir asistencia cuando sus propios medios no bastan.
La carencia acaba teniendo efectos que van más allá de la contabilidad. Informes que llegan tarde, controles que no se realizan con la profundidad prevista o problemas que tardan más en detectarse afectan a contratos, servicios y decisiones que forman parte de la vida diaria de cada municipio. El dato deja una brecha llamativa dentro de la región: cuanto más crecen las ciudades madrileñas, más difícil resulta que sus mecanismos de vigilancia crezcan al mismo ritmo.
