La Delegación del Gobierno ha presentado alegaciones contra la retirada de la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol. En su escrito al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, considera que desalojar la plaza podría provocar más problemas de seguridad de los que se pretende evitar.
La Abogacía del Estado, que representa a la Delegación, advierte de que una intervención podría requerir el uso de la fuerza y generar riesgos para los manifestantes, los edificios y el mobiliario urbano. Estos argumentos responden a la solicitud del Gobierno regional de poner fin a la protesta mediante medidas cautelares.
El TSJM ya rechazó ordenar un desalojo inmediato sin escuchar previamente a la otra parte. El tribunal recordó que disolver una reunión debe ser el último recurso y que cualquier actuación exige proporcionalidad, especialmente por sus posibles efectos sobre el derecho de reunión.
La acampada permanece en Sol desde finales de septiembre. Tras recibir las alegaciones, el tribunal deberá resolver la petición de medidas cautelares presentada por la Comunidad de Madrid.
