La cifra de asistentes varía según la fuente: la Delegación del Gobierno habló de unas 23.000 personas, mientras que la organización elevó la participación hasta 100.000. Más allá del baile de números, la imagen fue clara: pancartas contra los alquileres imposibles, críticas a fondos y grandes propietarios, y una sensación compartida de que vivir en Madrid se está convirtiendo en una carrera cada vez más cara.
Las demandas principales pasan por recuperar los contratos de alquiler indefinido, bajar los precios y elevar salarios y pensiones mínimas hasta los 1.500 euros. También se reclamó más vivienda fuera del mercado, medidas contra los alquileres de temporada y habitaciones, y una intervención pública más fuerte para frenar la expulsión de vecinos de sus barrios.
La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, defendió durante la marcha que la desobediencia debe crecer si las instituciones no actúan. El mensaje no era solo una consigna de protesta: el movimiento quiere presionar para que el malestar por la vivienda no se quede en quejas individuales, sino que se convierta en un conflicto político sostenido.
La manifestación también contó con presencia de líderes sindicales como Unai Sordo y Pepe Álvarez, además de representantes políticos como Reyes Maroto e Irene Montero. El apoyo de CCOO y UGT refuerza una idea que cada vez aparece más en el debate público: el alquiler ya no afecta solo a jóvenes o estudiantes, sino también a trabajadores con empleo, familias y pensionistas.
La protesta de Madrid abre una nueva tanda de movilizaciones que se extenderá por 24 ciudades españolas hasta finales de junio. Barcelona, Málaga, Valencia, Las Palmas, Zaragoza o Badajoz forman parte de un calendario que busca mantener la vivienda en el centro de la conversación política durante las próximas semanas.
En Madrid, el debate tiene un peso especial porque el encarecimiento se nota en casi todas las capas de la vida urbana: alquileres que obligan a compartir piso más años, barrios donde desaparecen vecinos de siempre, comercios que pierden clientela local y familias que hacen cuentas antes incluso de pensar en mudarse. La marcha no resuelve nada por sí sola, pero deja una señal difícil de ignorar: para mucha gente, el problema de la vivienda ya no es una preocupación de futuro, sino una urgencia diaria.
