Actualmente, la delegación se encuentra en la calle Orense, en el distrito de Tetuán, después de abandonar su histórico edificio junto al Banco de España, ahora destinado a convertirse en un hotel de lujo. El cambio supone una pérdida de visibilidad institucional en una de las zonas más representativas de la ciudad.
El intento de adquirir un edificio propio tampoco ha prosperado. La oferta de 33 millones de euros no ha sido suficiente para competir en zonas como Recoletos o La Castellana, donde los precios siguen al alza y la disponibilidad es cada vez más limitada.
Además, las necesidades específicas de la Generalitat —un espacio amplio, con áreas culturales, administrativas y residenciales— han reducido aún más las opciones en un mercado donde muchos inmuebles se destinan a usos más rentables.
El coste de mantener una sede en Madrid ha aumentado de forma significativa en las últimas dos décadas, reflejando la transformación del centro en un espacio cada vez más exclusivo y competitivo.
Más allá del caso concreto, la situación evidencia cómo el mercado inmobiliario redefine la presencia institucional en las grandes ciudades. En un Madrid donde el centro se orienta cada vez más hacia el turismo y el lujo, incluso las administraciones encuentran dificultades para mantenerse en zonas clave, en un cambio que también impacta en el equilibrio urbano y en el uso del espacio público.
