El modelo está pensado para quienes necesitan estabilidad, pero no pueden entrar ahora mismo en el mercado de compra. Los inquilinos podrán vivir de alquiler durante siete años y, pasado ese plazo, comprar la vivienda descontando parte de lo pagado durante ese periodo.
Las parcelas están valoradas en 82 millones de euros y se repartirán en cuatro lotes. Las viviendas podrán tener hasta 90 metros cuadrados, con un alquiler mensual estimado de unos 950 euros. El precio de venta se fija en 3.600 euros por metro cuadrado, lo que dejaría un piso tipo de 90 metros en torno a los 324.000 euros.
Uno de los puntos más llamativos es la reserva para jóvenes. La mitad de las viviendas estará destinada a menores de 35 años, uno de los colectivos que más dificultades tiene para emanciparse en Madrid. En una ciudad donde el alquiler absorbe buena parte del sueldo, la promesa de una compra futura puede resultar atractiva para muchas familias y parejas jóvenes.
La medida, sin embargo, llega con debate. El Ayuntamiento defiende que esta fórmula amplía la oferta y da una salida intermedia entre alquilar y comprar. La oposición critica que se venda suelo público y advierte de que, una vez pasado el periodo protegido, el control municipal sobre esas viviendas puede debilitarse.
El caso recuerda a operaciones anteriores que dejaron dudas sobre cuánto tiempo se mantiene realmente la vivienda asequible cuando el suelo pasa a manos privadas. Para sus críticos, el riesgo está en que la solución funcione durante unos años, pero termine alimentando el mercado libre en una ciudad ya tensionada.
Los Berrocales y Los Ahijones serán una de las grandes pruebas del Madrid que viene. Allí todavía se están dibujando calles, servicios y conexiones, pero también se decide qué tipo de ciudad crecerá en el sureste: una pensada solo para quien pueda comprar a precio de mercado o una capaz de reservar espacio para jóvenes, familias y vecinos que quieren quedarse sin vivir al límite cada mes.
