En Madrid, donde encontrar vivienda ya es un reto, una decena de familias vio cómo sus planes se desmoronaban tras caer en una estafa inmobiliaria que ha terminado salpicando a Redpiso. Un comercial, que trabajó para una franquicia de la compañía, utilizó el uniforme, el coche y la documentación oficial para ganarse la confianza de quienes buscaban casa en la periferia. El resultado: más de 83.000 euros en reservas por viviendas que nunca pudo vender.
El método era directo. Ofrecía pisos a precios atractivos y pedía una señal para reservarlos. En muchos casos, los propietarios ni siquiera sabían que sus casas estaban en venta. Durante meses, el engaño funcionó. Las víctimas, convencidas por la apariencia profesional del agente, entregaron sus ahorros sin sospechar que detrás no había ninguna operación real.
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado ahora al comercial, obligándole a indemnizar a los afectados con casi 100.000 euros. Sin embargo, ante la posibilidad de que el condenado no pueda pagar, las familias han reclamado a Redpiso como responsable subsidiaria. La empresa, que niega cualquier implicación, ha recurrido la sentencia, pero los tribunales ya han fallado a favor de los compradores.
Entre las víctimas está Gema P., que aún recuerda la noche en la que todo se vino abajo. Tras mudarse a un chalé en Rivas-Vaciamadrid, encontró la puerta rodeada de policías y empleados de Redpiso. Le comunicaron que la casa que creía suya no le pertenecía. Había entregado casi 40.000 euros y, de un día para otro, se quedó sin vivienda y sin ahorros.
El comercial, según la sentencia, cometió delitos de falsificación, estafa y apropiación indebida, agravados por su adicción a las drogas y el retraso en el proceso judicial. Durante un tiempo, gestionó reservas, llaves y documentos de viviendas sin que los propietarios lo supieran. En el caso de Gema, incluso pactó un alquiler temporal para que no se quedara en la calle mientras esperaba la firma ante notario.
La pareja de Gema nunca llegó a pisar la oficina de la inmobiliaria. Todo se gestionó en encuentros por Madrid, siempre con papeles sellados y firmados por Redpiso. Cuando el fraude salió a la luz, la empresa les ofreció guardar sus pertenencias en un almacén hasta que encontraran otra vivienda. El golpe económico y emocional fue difícil de superar. Hoy, viven cerca de aquel chalé, aunque aún no han recuperado el dinero.
Redpiso insiste en que el comercial actuó por su cuenta y fuera de la red de trabajo. Su CEO, Manuel Fernández, sostiene que los afectados no eran clientes directos y que el trabajador fue despedido en cuanto se descubrió el fraude. La compañía defiende sus mecanismos internos de control y transparencia, pero el caso ha puesto en cuestión la seguridad de los procesos inmobiliarios en la ciudad.
La sentencia también recoge otros episodios: el comercial se quedó con parte del dinero de una venta y con el mobiliario de una vivienda. Redpiso, con más de 20.000 empleados y dos décadas de historia, nunca había afrontado un caso similar. Ahora, la discusión se centra en quién debe responder si el condenado no paga. La Audiencia Provincial ha rechazado que los compradores debieran haber hecho más comprobaciones, aunque la empresa mantiene su batalla legal.
En Madrid, la compraventa de viviendas suele apoyarse en la confianza hacia las grandes inmobiliarias, especialmente en barrios donde la movilidad residencial es alta. Redpiso, con presencia en numerosos distritos y una red de franquicias, ha construido su reputación sobre la cercanía y la gestión directa. Sin embargo, casos como este muestran los riesgos de delegar todo el proceso en un solo agente y la importancia de verificar cada paso, incluso cuando la marca parece garantía suficiente. La ciudad ya empieza a exigir más transparencia y control en un mercado donde cada euro cuenta.
