El deterioro de muchas viviendas públicas en Madrid empieza a notarse en la vida diaria de quienes las habitan. La acumulación de averías sin resolver, algunas con riesgo inmediato para la salud y la seguridad, ha obligado a la Comunidad a activar un contrato de emergencia valorado en 2,4 millones de euros. El objetivo: reparar 942 incidencias que llevan meses pendientes en pisos gestionados por la Agencia de Vivienda Social (AVS), donde residen sobre todo colectivos vulnerables.
La empresa Servihogar Gestión 24 Horas S.L. será la encargada de intervenir en los próximos cinco meses, tras heredar el problema de la anterior adjudicataria, Fatecsa Obras S.A., que dejó sin atender cientos de avisos. Según la documentación oficial, los daños van desde problemas eléctricos y filtraciones de agua hasta humedades, moho y riesgos estructurales. Todo ello, según la Administración, supone un “deterioro severo de la habitabilidad” y puede derivar en afecciones respiratorias o problemas sanitarios por plagas y deficiencias graves.
El Gobierno regional reconoce que la situación afecta a una parte indeterminada de las 25.000 viviendas de la AVS. Un portavoz explica que se han iniciado los trámites para sancionar a la empresa responsable y resolver el contrato, a la espera de que el Consejo de Gobierno apruebe el cambio definitivo. Mientras tanto, cada día sin solución agrava el desgaste en los edificios y la incomodidad de los inquilinos.
El expediente administrativo detalla que la empresa incumplió reiteradamente sus obligaciones, pese a los avisos verbales, correos electrónicos, reuniones y una carta formal enviada en diciembre de 2025. La falta de respuesta llevó a la AVS a activar la vía de emergencia, ya que una licitación ordinaria habría supuesto meses de espera. Servihogar fue la única compañía que garantizó disponibilidad inmediata para asumir el volumen de reparaciones, con la obligación de empezar en un máximo de cinco días y terminar en cinco meses, bajo amenaza de penalizaciones si hay retrasos.
El problema no es nuevo. Hace pocas semanas, la Comunidad ya tuvo que intervenir de urgencia para sustituir 80 calderas en pisos públicos, ante el riesgo de fugas de gas o intoxicaciones. Ahora, el alcance es mayor: se trata de arreglar instalaciones eléctricas, fontanería, cerrajería y albañilería en casi un millar de viviendas, muchas de ellas en barrios donde la vida cotidiana depende de que lo básico funcione.
La Agencia de Vivienda Social gestiona uno de los parques residenciales más grandes de la ciudad, con presencia en distritos muy diversos. Su labor es clave para garantizar condiciones dignas a quienes más lo necesitan, especialmente en momentos de crisis o cuando los servicios fallan. La respuesta ante emergencias como esta marca la diferencia en la percepción de seguridad y bienestar en los barrios, y determina en buena parte el pulso social de Madrid.
