El acuerdo, impulsado por la Consejería de Educación y liderado por Mercedes Zarzalejo, permitirá pasar de 25 a 7 horas semanales sin perder derechos de cotización, ya que la administración asumirá el 100% de las aportaciones a la Seguridad Social.
Para acceder, será necesario estar a dos años de la jubilación y contar con al menos seis años de antigüedad en el mismo centro. La medida será voluntaria y estará vigente inicialmente hasta el curso 2026-2027.
El impacto no se limita a quienes se retiran parcialmente. El acuerdo incluye la contratación de nuevos docentes con carácter indefinido, lo que abre oportunidades laborales y facilita el relevo generacional en los centros.
También se introduce un cambio importante en la gestión de bajas: los profesores podrán ser sustituidos desde el primer día, evitando la sobrecarga que hasta ahora asumían los equipos docentes.
El pacto llega tras años de negociación entre administración, sindicatos y patronal, y responde a una demanda histórica del sector. Aunque quedan cuestiones pendientes, supone un avance en la equiparación de condiciones con la enseñanza pública.
En una ciudad donde la educación concertada tiene un peso significativo, este tipo de medidas impacta directamente en la vida diaria de centros, docentes y familias. El sistema educativo madrileño ajusta así su funcionamiento para adaptarse a nuevas necesidades laborales y sociales.